Continuar leyendo »]]> Este texto forma parte del informe anual ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la Libertad de Expresión en México 2012, que será publicado a finales del mes de junio. Es resultado del trabajo permanente de monitoreo, registro y documentación con enfoque de derechos humanos, de las agresiones a periodistas y medios de comunicación que el Centro Nacional Comunicación Social (Cencos) realiza desde los años 80.

Podrás encontrar más información en los próximos días a través del hashtag #PorQueTantoSilencio y mediante las cuentas @Cencos y de la Campaña Permanente de Protección a Periodistas @Campperiodistas en Twitter y Facebook previo a la presentación del informe.

Fotografía: Heriberto Paredes Coronel

El 6 de diciembre de 2012, a las 7:36 p.m. el portal de noticias plumaslibres.com publicó en la red social Twitter unos mensajes de alerta:

“Por la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en Veracruz y el respeto a la integridad de sus miembros…

“Plumas libres retirará la información sobre los hechos en Antigua

“Esperamos la comprensión de la sociedad ante un escenario de descomposición creciente para el periodismo en Ver”

Los tuits se referían a una nota sobre la localización de ocho cuerpos en el paraje de la Ceiba, que había sido subida a la página dos horas antes. “Reportan masacre en Cardel”, titulaba la nota. Cardel es la cabecera municipal de La Antigua, municipio que está a unos 30 kilómetros al norte del puerto de Veracruz.

Plumas Libres era el último reducto de resistencia al silencio forzado de periodistas y medios de comunicación de ese estado suroriental, impuesto por los grupos criminales y avalado por autoridades de todos los niveles de gobierno. Fundado en mayo de 2009, rápidamente se convirtió en un medio de referencia, en el que algunos periodistas se atrevían a publicar sin firma la información que no cabía en ningún otro medio. Desde que nació, hizo público un código de ética[1] que establece un compromiso con el derecho a la información y a la libertad de expresión, y pautas claras en las relaciones comerciales con sus clientes. Así aguantó los dos primeros años del gobierno de Javier Duarte, en los que Veracruz se convirtió en uno de los sitios más peligrosos para ejercer el periodismo.

Duarte tomó posesión del cargo como gobernador del estado el 1° de diciembre de 2010, en sustitución de Fidel Herrera Beltrán. De esa fecha a diciembre de 2012 fueron asesinados nueve periodistas, al menos otros cuatro están desaparecidos, una veintena se vio forzada a abandonar el estado y/o a dejar el periodismo por amenazas a su vida y un diario fue incendiado.

El gobierno de Veracruz ha intentado por todos los medios mejorar su imagen. La franquicia del Hay Festival Xalapa tuvo en 2012 a famosos periodistas como invitados especiales. La oficina de Comunicación Social mantiene una dura política de control sobre los medios a través de las pautas publicitarias, y en varios casos ha solicitado a los directivos el cambio de asignatura de reporteros críticos.

En septiembre de 2011, después de que dos ciberactivistas que difundieron rumores de ataques en escuelas fueron encarcelados por “terrorismo”, el Congreso del Estado aprobó una controvertida reforma al artículo 373 del Código Penal, popularizada como “Ley Duarte” que sancionaba con 2 a 4 años de prisión y multa de 500 a 1000 días de salario a quien “por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos y otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando perturbación del orden público”.[2]

Finalmente, en junio de 2012, el gobernador anunció la creación de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, que se formalizó el 18 de diciembre con un presupuesto anual de 15 millones de pesos, de los cuales, más de la mitad serían para salarios de 37 personas que forman la estructura operativa.

La Comisión está integrada por Rocío Ojeda Callado, directora de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, como presidenta, y la académica Namiko Matzumoto Benítez, como secretaria ejecutiva, además de ocho comisionados: Baltazar Pazos Gómez, dueño de uno de los medios más influyentes en la zona conurbada; Norma Gibb Guerrero, propietaria de La Opinión de Poza Rica; Rogerio Pano Rebolledo, director de Telever; Jorge García Morato, coordinador de MVS Radio en Poza Rica; Benita González Morales, directora de Notisur; Gerardo Enríquez Aburto, presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos; Martín Jesús García Pérez, presidente del Frente de Comunicadores del Norte de Veracruz y Jorge Morales Vázquez, reportero reconocido en el gremio y uno de los socios de Plumas Libres, cuyo nombramiento fracturó al equipo y lo obligó a separarse de su actividad en el portal.

Pero los reporteros ven al organismo “autónomo” como un instrumento más de control estatal y la mínima confianza que le tenían se esfumó a principios de 2013, cuando Morales fue apercibido por hacer públicos los gastos de la Comisión.

El mapa de la agresiones en Veracruz

Veracruz es la tercera entidad más poblada del país, con 7,6 millones de habitantes, y uno de los nueve estados que no han conocido la alternancia política. Tiene 720 kilómetros de costas y fronteras con otras siete entidades. En la última década se convirtió en la zona más peligrosa para los migrantes centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos. Es también una de las regiones más asoladas por la violencia que ha producido la extensión de Los Zetas -el más cruel de los grupos criminales que operan en México- en la franja oriente del país[3]. Una investigación del diario Milenio, publicada en octubre de 2012 y basada en registros forenses, reveló que de 24 mil cuerpos enterrados sin nombre en el gobierno del presidente Felipe Calderón, 5 mil están en Veracruz. La información es incompleta, pues el gobierno estatal se negó a entregarla argumentando que “invadiría la privacidad” de los cadáveres desconocidos.

El escenario político también es complejo. En las elecciones presidenciales de julio de 2012, el Partido de la Revolución Institucional (PRI) perdió todas las casillas de la zona urbana de la capital, pero ganó en el resto del estado con el voto de las áreas rurales, donde los grupos criminales tienen el control, y de la región petrolera, controlada por el senador priísta Carlos Romero Deschamps.

En ese contexto, Veracruz saltó en 2011 y 2012 a los primeros lugares de todas las listas negras de libertad de expresión. Registró todas las formas graves de ataques a la prensa: periodistas asesinados y desaparecidos, mujeres periodistas agredidas, ataques a medios de comunicación y periodistas forzados al exilio. En el mapa de las agresiones a periodistas destaca el puerto, con seis periodistas y una trabajadora del área de publicidad asesinados, seguido de Xalapa, con dos periodistas asesinados, entre ellos la corresponsal del Semanario Proceso, Regina Martínez. De ahí también son la mayoría de los periodistas desplazados.

Hay otra zona al sur, entre los municipios de Acayucan y Chinameca, donde desaparecieron tres periodistas -uno de ellos, Noé López Olguín, fue asesinado-. En esa región, cercana al puerto petrolero de Coatzacoalcos, se encuentra Ciudad Isla,una comunidad que es foco rojo por desapariciones y asesinatos de mujeres.

Córdoba, donde el diario El Buen Tono fue incendiado, es una ciudad de la cordillera montañosa colindante con la Zongolica y Río Blanco, una parada importante en la ruta de los migrantes centroamericanos. Los reporteros de la región confirman que, desde hace por lo menos un año, los directivos reciben llamadas de grupos criminales con indicaciones de lo que deben o no publicar.

Pero la gran zona de silencio está en el norte del estado, en la región del Pánuco que colinda con Tamaulipas. Ahí, Twitter es el único medio para tener información de las constantes balaceras. Miguel Morales, el último reportero desaparecido, trabajaba en el Diario de Poza Rica, municipio ubicado entre la capital y esta zona.

Impunidad, miedo y exilio

La prensa de Veracruz captó la atención del mundo con los asesinatos de Miguel Ángel López Velasco y Yolanda Ordaz, veteranos periodistas de Notiver, el diario de mayor circulación del puerto, en junio y julio de 2011[4]. Entre finales de julio y mediados de septiembre, al menos 13 reporteros huyeron del estado, entre ellos, Miguel Ángel López Solana (hijo de López Velasco), Hugo Gallardo, corresponsal de Televisa, y Rafael Pineda Rapé, corresponsal de Milenio y Chamuco.

En diciembre de ese año, la Red de Periodistas de a Pie recopiló los testimonios anónimos de cinco reporteros[5] –tres del puerto, uno de Xalapa y otro de Acayucan- sobre lo que habían vivido ese año. Este es parte de uno de ellos:

La psicosis se ha apoderado del periodismo en Veracruz (…) Ante el éxodo masivo de reporteros policiacos, las mesas de redacción se quedaron con el problema de cómo llenar esa sección (…) el nuevo gobierno estableció la política de censura ‘sutil’, la cual significa que, casi inmediatamente de subir una nota que hable sobre la violencia en el estado, los medios reciben una llamada de parte de Comunicación Social pidiendo que la eliminen o que sólo dejen el boletín de prensa publicado. Nadie sale a informar desde aquel 26 de julio, día en que se encontró el cuerpo decapitado de Yolanda Ordaz. De por sí el compromiso por buscar un buen reportaje en Veracruz se mantenía de bajo perfil. La investigación y el quehacer periodístico han quedado en segundo plano.

La inacción de las autoridades para esclarecer los crímenes y garantizar el libre ejercicio del periodismo provocó una escalada en las agresiones graves a periodistas. En 2012, Veracruz concentró seis de ocho asesinatos y trabajadores de medios y dos de las cuatro desapariciones que se documentaron en todo el país.

El asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, quien el 28 de abril de 2012 fue estrangulada en el baño de su casa en Xalapa, elevó al máximo la alerta en el gremio. Martínez era una periodista reconocida que trabajaba en un medio de circulación nacional, vivía en la capital -que hasta entonces parecía intocable- y no cubría la fuente policíaca, sino temas de política y corrupción. Su asesinato fue noticia en la prensa mundial y en la ciudad de México hubo protestas. En Xalapa, los periodistas vivieron una crisis de terror que se agravó con el asesinato del profesor universitario José Luis Blanco, un académico cercano a la periodista.

En el testimonio que había escrito apenas cuatro meses antes, y que es uno de los cinco recopilados por Periodistas de a Pie, dejó claro el terror con el que vivía:

La prensa veracruzana vive sus momentos más difíciles, de represión, desapariciones, asesinatos, amenazas de muerte, despidos y censura. La autocensura se ha extendido a raíz de los asesinatos, hay pánico en los reporteros y fotógrafos que ya no salen a cubrir accidentes o las notas policiacas (…) A los fotógrafos, la misma policía les ordena desaparecer imágenes. Otros reporteros tienen amenazas de secuestro. Ahora vivo el peor clima de terror, cierro con llave toda la casa, no duermo y salgo a la calle viendo a un lado y otro para ver si no hay peligro…

Cinco días después del asesinato de Martínez, Veracruz volvió a ser nota mundial. El 3 de mayo, mientras el mundo celebraba la Libertad de Prensa, fueron localizados en un canal de drenaje del puerto-y adentro de bolsas de plástico- los cuerpos mutilados de tres fotógrafos: Gabriel Huge, de Notiver, Guillermo Luna, de la agencia Veracruznews y Esteban Rodríguez, ex colaborador del diario AZ, así como de Irasema Becerra, trabajadora del área de publicidad del diario El Dictamen. Los fotorreporteros habían huido de Veracruz en julio de 2011, pero regresaron ante la imposibilidad de conseguir trabajo en otro lado. Esteban Rodríguez ni siquiera regresó al periodismo; estaba trabajando en un taller mecánico. Sus compañeros de trabajo recibieron la orden expresa de los directivos de sus diarios de no asistir a los funerales. El diario AZ se deslindó públicamente de cualquier relación laboral con su ex empleado y la hermana de uno de ellos, que trabajaba en El Dictamen, fue despedida con el argumento de que su presencia ponía en riesgo a la empresa. Las condiciones en las que encontraron los cuerpos provocaron el segundo éxodo de reporteros del estado.

Uno de ellos, Miguel Ángel López, decidió buscar asilo en Estados Unidos y el 22 de mayo, en el Foro de Austin del Periodismo de las Américas, presentó un conmovedor testimonio de la soledad de los periodistas veracruzanos[6]. Otro reportero que tuvo que dejar el país fue Andrés Timoteo, corresponsal de La Jornada. Un periodista veterano en medios locales confesó en una reunión que para soportar la tensión de esos días había aumentado su consumo de alcohol. Otro, ante la pregunta de “¿qué necesitan?”, pidió una pistola. Pero aclaró: “no es para defenderme, sino para que no me agarren vivo”.

El 11 de mayo, Cecilio Rodríguez Domínguez, reportero de la revista Proyectos de Chinameca, desapareció, de la misma forma y en la misma región que un año antes desaparecieron Noé López y Manuel Fonseca. Pero su ausencia pasó desapercibida, enmedio del escándalo por los asesinatos de sus colegas.

El 7 de junio, para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, el gobierno estatal anunció la creación de la Comisión para protección de periodistas y en una fiesta rifó, entre otros regalos, cinco automóviles último modelo y diez becas para un curso de una semana en España, con gastos pagados[7]. Víctor Manuel Báez Chino, editor de la sección policiaca de Milenio Xalapa y de la página web Reporteros Policiacos, ganó uno de los automóviles rifados. Pero no tuvo tiempo de estrenarlo. El 13 de junio fue secuestrado al salir de su oficina y al día siguiente su cuerpo fue localizado con un mensaje del grupo criminal. Era el segundo periodista asesinado en la capital.

El 25 de julio, Miguel Morales Estrada, fotógrafo policiaco del Diario de Poza Rica fue desaparecido. El 19 de julio avisó a los directores que necesitaba salir de la ciudad por “problemas personales”; desde entonces nadie, ni su esposa, volvió a saber de él.

Para el gobierno de Veracruz, todos los casos están resueltos.

Días después del asesinato de Milo Vela y su familia, el entonces Procurador de Justicia Estatal, Reynaldo Escobar, señaló como responsable a Juan Carlos Carranza Saavedra, un ex oficial de tránsito municipal relacionado con la mafia, y ofreció una recompensa por su captura. Pero un mes después vinculó el asesinato de Yolanda Ordaz con presuntas “ligas” con grupos criminales y como prueba exhibió unas grabaciones y el video de un interrogatorio extrajudicial en el que se mencionan los nombres de los periodistas de Notiver. El diario respondió el 27 de julio con un duro editorial donde rechaza el señalamiento “por injusto, irresponsable y majadero”, exige una disculpa pública y la renuncia del funcionario.

Escobar dejó el cargo en octubre de ese año y su lugar fue ocupado por Amadeo Flores Espinosa, quien repitió la fórmula de su antecesor para “aclarar” los asesinatos de 2012. En agosto, anunció la detención de siete integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que, según su versión, confesaron haber participado en el homicidio de los fotorreporteros en el puerto. “[El testigo] sostuvo que la razón de ello fue que estos reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados”, dijo el funcionario, que no ofreció más detalles y no respondió a preguntas.

La Procuraduría no consideró ninguna otra línea de investigación, a pesar de que en febrero de 2008, Huge denunció ante la fiscalía federal que fue privado de su libertad, amenazado y atormentado física y psicológicamente por agentes de la Policía Federal Preventiva[8]. El perito médico de la Procuraduría General de la República certificó las lesiones y el fiscal Arturo Cruz, ofreció enviar la denuncia a la Fiscalía Especializada de Atención de Agravios a Periodistas, lo que nunca hizo.

En la misma conferencia en la que dio por concluida la investigación del cuádruple homicidio del 3 de mayo, Amadeo Flores dijo que también resolvió el asesinato de Báez Chino. En ese caso, la PGJE culpó a dos personas muertas que, según su versión, eran una célula de Los Zetas. Los acusados no pudieron confesar porque fueron asesinados el 19 de junio, cinco días después que el periodista.

Finalmente, el 30 de octubre, la Procuraduría de Justicia Estatal presentó a los medios a uno de los presuntos asesinos de Regina Martínez, que resultó ser un hombre de 34 años, seropositivo y analfabeto. Según las autoridades, el hombre confesó haber matado a Martínez para robarla. Sin embargo, ante el juez declaró que había sido torturado y su madre amenazada de muerte, si él no confesaba. Proceso no aceptó el resultado de la investigación. “En ningún momento el estado consideró el trabajo de Regina como posible motivo del asesinato”, dijo el periodista Jorge Carrasco, comisionado por el medio para seguir las indagatorias.

La inconsistente acusación en contra del único detenido no es el principal motivo de desconfianza hacia la investigación. Desde el asesinato, funcionarios estatales comenzaron a filtrar rumores de que Martínez había sido asesinada por un amante y presionaron a sus cercanos con interrogatorios sobre los hábitos personales de la periodista. Sus amigos fueron hostigados por las autoridades judiciales. El caso extremo es el de Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz, quien recibió el citatorio judicial en plena calle, en una protesta por el asesinato de Regina[9].

Los más vulnerables

Mary Jose Gamboa era la conductora del noticiero de televisión por cable que se transmitía a las 8:00 de la noche por el Canal 6 y que estaba posicionado en primer lugar de auditorio. Fue despedida el 5 de junio de 2012 por negarse a cambiar la línea editorial. Su salida de Megacable fue el último eslabón de una serie de advertencias que Gamboa recibió durante el primer semestre de ese año y que ella atribuye a sus críticas al gobierno. Antes, le habían roto los vidrios y las llantas de su automóvil estacionado y había recibido amenazas vía Twitter, en las que le hacían evidente que estaba vigilada: “Te conozco más de lo que crees. Ten cuidado. Un mundo nos vigila” (22 de abril). “Qué lindo verte ayer en familia por plaza. Saludos a Polin” (2 de mayo). Días antes de su despido, Gamboa encontró la puerta de su casa abierta y los juguetes de su hija regados por su cuarto y la escalera, uno de ellos con un machete enterrado.

El 5 de junio Notiver anunció su incorporación como columnista, con una editorial titulada “¡Ginochetazo a Marijose!”, en referencia a la coordinadora de comunicación social del estado, Gina Domínguez, con quien la conductora había tenido varios enfrentamientos y a quien se atribuyó la presión para despedirla.

Otro caso es el de Hugo Gallardo, quien era el corresponsal de Televisa y por órdenes de la empresa salió del estado después del asesinato de Yolanda Ordaz. Estuvo fuera más de seis meses y regresó sin trabajo. El 1° de mayo inauguró el portal mirevista.com con una columna que tituló: “Así es ¡Estoy Vivo!”[10] en la que narró detalladamente los meses en el exilio, la soledad, el encuentro en diciembre de 2011 en la ciudad de México con el director de Televisa Veracruz, Ignacio Reyna Carrera, quien le informó que la empresa no podía seguir pagando sus gastos y sería liquidado. También contó su infructuosa búsqueda de trabajo: “hay una especie de acuerdo con dueños y directores de los medios más importantes, al parecer coordinados por una mano oficial poderosa, que sugieren no sea yo contratado porque me han ‘etiquetado’ como un periodista de riesgo”.

Gamboa y Gallardo ejemplifican una realidad generalizada en la entidad: las acciones contra la prensa tienen un patrón de relación entre autoridades (estatales y municipales) y el crimen organizado, que no permite identificar claramente al agresor. Entre mayo y junio de 2012, con la segunda oleada de periodistas desplazados, el gobierno del estado ofreció, al menos a tres reporteros, mantener los gastos de su estancia fuera de Veracruz “hasta después de las elecciones”. El día de la jornada electoral, los principales medios nacionales –Proceso, La Jornada, Reforma, Televisa— no tenían corresponsales activos.

Otros actores, como las fuerzas de seguridad federales que llegaron con el operativo Veracruz Seguro, y los dueños de las empresas, completan el cuadro de vulnerabilidad de periodistas. El 24 de marzo de 2012, Manuel Monroy, fotógrafo del diario Imagen de Veracruz, y Eduardo Guevara, de Notiver, fueron detenidos por la policía naval cuando cubrían un accidente vial. Les quitaron sus equipos, pero ellos lograron conservar imágenes de su detención ilegal. La denuncia no prosperó y meses después, Monroy se separó de Imagen y del periodismo.

El 1° de junio, después del testimonio de Miguel Ángel López en Austin, Notiver respondió con una furibunda editorial en la que no sólo lo descalifica y desconoce su relación laboral, sino que incluso lo pone en un riesgo mayor, al sugerir una relación del reportero con los asesinos de su familia: “Ahora que está en Estados Unidos puede entrevistarse con la DEA y el FBI -decirles todo lo que sabe-, que usted sabe bastante. Estamos seguros que si alguien sabe quién asesinó a su familia, y por qué, es usted. Tal vez hasta lo contraten como testigo protegido”.

En Veracruz, el sueldo máximo al que un reportero policiaco aspira en los dos medios impresos de mayor circulación es de 5 mil pesos al mes. Fuera del puerto o de la capital, los salarios pueden bajar a menos de 3 mil pesos. No tienen prestaciones y algunos ni días de descanso. Muchos tienen un doble trabajo en áreas de comunicación de alguna institución oficial. Los directivos de los medios han hecho oídos sordos a situaciones bien conocidas en el gremio: llamadas telefónicas de parte de criminales para ordenar la agenda, citas a reporteros, “castigos” –generalmente con tablazos- a los que no cumplen, y una suerte de compensación salarial forzada. En la capital, la principal presión para los reporteros proviene del gobierno estatal.

La mínima organización gremial, el miedo y la desconfianza, complican el escenario. Sin embargo, las y los periodistas han mostrado gran disposición a participar en cursos de actualización, desde redacción y fotografía hasta programas de seguridad, autocuidado emocional y derechos humanos. Esperan de las organizaciones de libertad de expresión una presión política sobre las autoridades locales y dueños de medios. “No nos dejen solos”, pide uno de ellos.

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Fotografía: Karla H. Mares

En memoria de Sylvia Bustillo de Pérez (18 de diciembre 1917-13 de junio 2011)

He mirado la patria largamente

Se le nota tristeza hasta en el mapa…

Y a punto estuve de quedarme ciego

porque a la patria la oscurecen llagas,

la pisan botas, se le cierran puertas:

necesaria prisión con calles vigiladas…

- Fragmento del poema El Mapa, de Juan Bañuelos.

Hay una serie de imágenes y fragmentos que se han ido sobreponiendo y entrelazando en los últimos días, trazando un mapa emergente de luchas y desafíos persistentes en México y a escala mundial, que hacen eco del invocado por el poema de Juan Bañuelos hace más de 30 años. Estas incluyen las movilizaciones masivas, tan esperanzadoras, en Turquía alrededor de la Plaza Taksim y del Parque Gezi en Estambul, y en más de 60 ciudades de ese país aparentemente remoto pero sorprendentemente cercano, las convergencias y contrastes entre esos sucesos, y la represión por un gobierno del DF crecientemente desdibujado de la conmemoración de la masacre del 10 de Junio de 1971.

En ambos casos la lucha es contra un autoritarismo aparentemente “democrático”  que intenta mercantilizar y controlar los ámbitos comunes (o “espacios públicos”, en un lenguaje más anestesiado, dado el distanciamiento sistémico entre lo “común” y lo “público”) en aras de proyectos de dominación alineados con los sectores más ágiles del capitalismo globalizado en el contexto urbano. Pero hay marcados contrastes también. En Turquía la resistencia insistente y creativa de los sectores movilizados de jóvenes ecologistas, sindicalistas, altermundialistas, mujeres, estudiantes, intelectuales, artistas, y pertenecientes a minorías tradicionalmente discriminadas como los kurdos y otras equivalentes en un arco iris muy diverso, emerge dentro del contexto de un movimiento amplio en ascenso. En México, tanto el 1 de diciembre, como ahora la represión intenta legitimarse ante un movimiento fragmentado y marginado que no logra encontrar ancla en una sociedad despolitizada y desmovilizada, abatida por la normalización del terror generalizado incrustado en la alianza entre los sectores estatales dominantes y sus cómplices delincuenciales.

Este es el mismo terror que acosa a las y los migrantes internos e internacionales en tránsito por todo el territorio nacional.  El rompecabezas -¿o laberinto?- incluye los reportes de una serie de “rescates” por unidades militares de un total de más de 200 migrantes secuestrados, en realidad víctimas de lo que habría que caracterizar como desapariciones forzadas dadas las dimensiones pertinentes de complicidad o participación estatal en Tamaulipas y Sonora, de 275 jornaleros agrícolas “semiesclavos” en los campos de Jalisco, y de otros 29 migrantes hacinados en Tultitlán por agentes ministeriales del Estado de México. Habría que preguntarle a estas autoridades qué es exactamente lo que entienden por  el concepto de personas “semiesclavas”- ¿será algo así como estar “medio” muerto?

No parece nada casual que se difundan estos incidentes en sucesión en menos de una semana, con los militares y otras autoridades proyectados como los héroes de una trama recurrente en búsqueda del reposicionamiento de un sector desgastado por tareas de “seguridad pública” que rebasan sus responsabilidades y capacidades. Lo indignante, lo inaceptable, es que son estas mismas autoridades civiles, policiales y militares, -en todas sus dimensiones nacionales, estatales, y municipales- que han sido incapaces, o se han negado, a proteger a defensores valientes de los derechos de las y los migrantes como el padre Solalinde, Fray Tomás, y Rubén Figueroa (del Movimiento Migrante Mesoamericano) que han tenido que exiliarse ante las amenazas de sectores de la delincuencia organizada coludidos con el Estado que gozan de su protección o negligencia.

Estas amenazas surgen dentro de un contexto caracterizado por crímenes de lesa humanidad (ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, crímenes sexuales, traslados forzosos de poblaciones, entre otros), y de guerra (si asumimos al escenario mexicano como uno de “conflicto armado”), dirigidos contra las y los migrantes específicamente por su condición migratoria, que es el sello y signo de su vulnerabilidad. Este conjunto de vulneraciones convergentes y multiplicadas a su vez constituye un genocidio en curso. Un genocidio migrante

Fotogragía: Karla H. Mares

Es dentro de este contexto que se proyectan también otros rostros, frecuentemente olvidados, que insinúan golpes capaces de romper el hielo donde estamos atrapados. El estado mexicano está en vías de reconocer su fracaso en cumplir con varios de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) acordados por la ONU, con participación y apoyo mexicano, en la Cumbre del Milenio en 2000. Estos incluyen los Objetivos relacionados con temas como el derecho a la salud en contextos como la reducción de la mortandad materno-infantil, la desnutrición, y el hambre. Los medios reportan hoy (jueves 13 de junio de 2013) que “una bebé mixteca guerrerense de ocho meses de edad murió por desnutrición en los campos agrícolas del estado de Guanajuato, donde trabajan sus padres. Por desnutrición crónica, que se complicó con una gastroenteritis y una probable neumonía” (La Jornada, nota de Carlos García, p. 40), según declaraciones de funcionarios estatales en ese estado. Las condiciones de trabajo y vida en estos campos son iguales a las de los “semiesclavos” de Jalisco, o a los lugares donde han sido “rescatados” -o masacrados, como en San Fernando, y en cientos de fosas clandestinas en todo el país- migrantes centroamericanos y de todo el mundo, en territorio mexicano.

Son, de alguna manera, los mismos rostros invocados por Juan Bañuelos, al concluir el grito hilado por su poema:

Con el sudor de todos levantamos la espera,

pues no hay dolor que dure lo que dura una mancha…

Y a punto estuve de quedarme ciego

He visto largamente el mapa.

Pensé en mis hijos. Duele. Y eran todos los niños.

Fui deletreando el nombre de la patria

mientras buscaba dónde, dónde poner los ojos…

ando buscando a un pueblo,

ando buscando a un pueblo.

Habla.

Por Camilo Pérez Bustillo

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Fotografía: Andalucía Knoll

El 28 de abril de 2012 encontraron a Regina Martínez estrangulada en el baño de su casa en Xalapa, Veracruz. Regina era una conocida periodista de Proceso, revista que por 36 años ha publicado artículos sobre el narcotráfico, la guerra contra las drogas y la corrupción gubernamental, entre otros temas. Aún cuando Regina se dedicaba a reportar sobre estos temas, el gobierno de Veracruz negó la posibilidad de que su asesinato estuviera relacionado con sus publicaciones, simplemente dijo que había sido la consecuencia de un robo común a su casa habitación.

El asesinato de Regina y la impunidad que lo rodea lo vuelven un caso emblemático de la crisis que sufren los periodistas en México. En la última década, México se convirtió en uno de los países más peligrosos para periodistas. Los asesinatos, las desapariciones forzadas, y las agresiones físicas contra los miembros de la prensa siguen en aumento. De acuerdo con la organización internacional Artículo 19 -que lucha por la libertad de prensa- las amenazas contra periodistas en México aumentaron un 20% de 2011 a 2012. El Comité de Protección a Periodistas ha clasificado a México en el octavo lugar por la impunidad en la que queda la muerte de periodistas, así como el país con el mayor número de desapariciones de periodistas a lo largo del tiempo.

Veracruz está a la cabeza con nueve periodistas asesinados en los últimos tres años de acuerdo también con  Artículo 19 (http://cdn.animalpolitico.com/files/asesincalde001.jpghttp://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/05/actualidad/1365132488_265015.html). La población del Estado, así como periodistas y fotógrafos, viven en medio del crimen organizado y la impunidad institucional. Veracruz es el territorio principal en disputa entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa que buscan controlar las rutas del tráfico de drogas en aquella región del país  (http://www.article19.org/resources.php/resource/3651/en/brazil-and-mexico:-killed-for-speaking-out). Regina Martínez era conocida por sus reportes de investigación acerca de la corrupción del gobierno y sobre las relaciones cercanas que agentes de seguridad pública sostienen con las organizaciones del tráfico de droga.

Regina tenía ya mucha presión sobre ella, había recibido incluso una denuncia penal en su contra después de publicar un artículo y fotos que evidenciaban que Ernestina Asencio, mujer indígena de 73 años, había sido violada y asesinada por soldados militares. El gobierno había sostenido que Ernestina había muerto de una gastroenteritis aguda (http://www.proceso.com.mx/?p=286911http://misteriospublicos.blogspot.mx/2012/04/un-reportaje-de-regina-Martínez.html).

Cuando la muerte de Regina se hizo publica, el gobierno de Veracruz no tardó en atribuirla a un simple robo y se negó a establecer conexiones lógicas entre su trabajo periodístico y su asesinato.

Los funcionarios alegaron que el hecho de que su teléfono y su computadora hubieran sido robados, probaba que el móvil del asesinato era el robo. El caso de Regina se volvió emblema de la impunidad, censura y represión del gobierno. Activó la alarma de los organismos internacionales en defensa de la libertad de prensa sobre la gravedad de la situación de los reporteros en Veracruz.

Después de su muerte, los corresponsales de la revista lanzaron el siguiente comunicado:

“Este golpe nos toca en forma directa. Y no puede entenderse sin el entorno de descomposición institucional en el país, de corrupción, de criminales ensoberbecidos e impunes, de alarma y miedo social, todo ello derivado de una terca y fallida guerra contra el crimen. En este escenario de ausencia de la normalidad democrática en México, ninguna autoridad puede decir de frente a los periodistas de Veracruz y a lo largo y ancho del país, que existen las garantías para informar” (http://www.proceso.com.mx/?p=306063).

Proceso se ha mantenido firme en presionar al gobierno a investigar la muerte de Regina. Muchos periodistas presintieron que el gobierno daría un “carpetazo” al caso, es decir, que lo archivarían en el olvido sin resolverlo, lo que también se conoce como impunidad. Con la presión de asociaciones de periodistas y la sociedad civil, el gobierno abrió una investigación superficial sobre el asesinato. El 8 de abril de 2013, un poco después del aniversario de su muerte, sentenciaron a Jorge Antonio Hernández Silva (alias “El Silva”) a 38 años de prisión ( http://www.eluniversalveracruz.com.mx/seguridad-veracruz/2013/condenan-a-38-anos-de-carcel-a-homicida-de-regina-Martínez–18220.html)

Inmediatamente después de su condena Proceso lanzó un comunicado subrayando las inconsistencias del caso tales como que las huellas digitales de “El Silva” no correspondían con las de la escena del crimen; señalaron que la madre había recibido amenazas de muerte y que él había sido torturado para confesar. Además, el otro presunto asesino José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, sigue libre  (http://www.proceso.com.mx/?p=338574).

Artículo 19 también denunció que la investigación sobre su muerte estaba siendo basada sólo en un testimonio que era breve y no profundizaba, tampoco tomaba en cuenta su trabajo como periodista.

Omar Rábago que trabaja con el Programa por la Libertad de Expresión y protección a periodistas de Artículo 19 habló a Upside Down World acerca de la impunidad rampante en México. Rábago declaró que 90 por ciento de los casos de asesinatos no son investigados y ello hace sentir el efecto de un “doble asesinato” para los periodistas: “no hay fiscales especializados y no siguen la líneas de investigación del periodismo. Lo tratan como un crimen común y esto es terrible porque, como en el caso de Regina Martínez y otros periodistas, ellos nunca dejan de ser periodistas. Ellos están haciendo su trabajo 24/7”, dijo Rábago.

Proceso continúa ejerciendo presión para que se lleve a cabo una investigación a profundidad así como ha publicado artículos sobre la impunidad e inconsistencias en el caso. El periodista Jorge Carrasco es el autor de los más recientes artículos de investigación sobre el caso de Regina y como resultado ha recibido amenazas de muerte.

El semanario declaró también que habían sido informados de que actuales y pasados funcionarios de gobierno se reunieron en Veracruz para evaluar usar bases de datos de la policía para buscar a Carrasco y hacerle daño. De acuerdo al Comité de Protección a Periodistas, “una fuente cercana al caso que pidió anonimato le dijo al CPJ que había un plan para matar al periodista, y que había hombres buscándolo en la Ciudad de México”.

Fotografía: Andalucía Knoll

Veracruz: un lugar de empresas mediáticas censuradas, compradas y comprometidas.

El salario promedio en Veracruz fluctúa entre 2,000 y 6,000 insignificantes pesos al mes. Con este salario muchos periodistas están obligados a hacer 2 ó 3 trabajos de tiempo completo, cubriendo simultáneamente la misma historia para varias casas editoriales. En el campo periodístico afluyen periodistas jóvenes recién graduados que son frecuentemente los que pueden soportar trabajar por tan bajo salario, muchos otros no tienen el apoyo de sus familias.

Ángel Ramos Trujillo es un periodista del periódico veracruzano Imagen de Veracruz y la revista independiente Era. Ramos cree que los salarios bajos generan censura porque los reporteros en situaciones económicas vulnerables son más prestos a recibir “bonos” por parte de funcionarios de gobierno o del crimen organizado, a cambio de una cobertura que los favorezca. Ángel Ramos estima que el 80 por ciento de sus colegas son “periodistas chayoteros”, es decir que han sido comprados por intereses externos que controlan lo que publican.

Se ha publicado gran cantidad de artículos sobre la violencia y agresiones sufridas en Veracruz, pero muy poco sobre la falta de libertad de expresión para aquellos que continúan trabajando en el medio. “Además de los reporteros asesinados, existen reporteros que mueren en vida. Creo que hay muchos reporteros que pudieran estar haciendo cosas interesantes pero no lo hacen porque están cansados de buscar espacios que publiquen sus trabajos, muchas veces las casas editoriales se niegan a publicar porque no están dispuestas a perder el dinero que reciben del gobierno”, comenta Ramos.

Varios periodistas entrevistados para este artículo comentaron que la mayoría de la prensa veracruzana depende de estos fondos del gobierno a tal grado que se niegan a publicar una gran cantidad de temas que den una mala imagen del gobierno, incluyendo temas como el medio ambiente, gasto público, educación y la marginalización de las comunidades indígenas.

“En mi caso, queríamos publicar una infografía sobre la contaminación en diferentes partes del estado pero nuestros editores dijeron que no podíamos porque haría enojar a los funcionarios de gobierno”, dijo Ramos.

Compartió luego una anécdota de querer publicar algunos artículos sobre una cantidad de millones de pesos que el gobierno no había declarado al declarar el balance del presupuesto público. Se les prohibió hablar del presupuesto faltante hasta que el caso salió a la luz dos semanas después en la prensa nacional, obligando entonces a la prensa veracruzana a publicar la noticia.

El gobierno se afana en mantener una imagen pública de un Veracruz seguro y bello y por ello suprime cualquier noticia que diga lo contrario. Muchos reporteros afirman haber recibido llamadas de la Secretaria de Comunicación Social pidiéndoles que no se centren en ciertos temas. Gina Domínguez, actual Secretaria de Comunicación Social, fue antes jefa de prensa del ex gobernador Mario Villanueva Madrid quien se encuentra encarcelado en E.U.A por su participación en el tráfico de 200 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Domínguez fue conocida por emitir comunicados que deslegitimizaban el trabajo de reporteros que publicaban información que se apartaba del discurso oficial del gobierno, incluyendo la mención de los nombres de las víctimas de la guerra contra las drogas. Víctimas que el gobierno automáticamente asume de manera pública que están conectados al crimen organizado.  http://www.sinembargo.mx/10-10-2011/53673

Esta presión por parte del gobierno a llevado a los periodistas a pensar dos veces antes de publicar cualquier cosa que pudiera considerarse controversial. Meter la nariz en el lugar equivocado puede causar una llamada quejosa de un político local y provocar despidos, ya que los periodistas tienen contratos débiles o simplemente inexistentes, y en el peor de los casos sus publicaciones pueden resultar en la desaparición o asesinato de sus autores.

“Hay otro tipo de violencia como la censura, la falta de oportunidades para trabajar, las precarias condiciones en las que trabajamos. Pagamos impuestos para mantenernos desinformados”, dijo Ramos.

La situación es un tanto mejor para los que trabajan para la media nacional o internacional porque se les paga mejor y tienen el apoyo de organizaciones no gubernamentales.

Hay algunas revistas independientes que merecen mención, tal como Revista Era y Plumas Libres. Se asume que estos portales no reciben mordidas, pero la censura reina, porque muchos periodistas que publican en estas plataformas también publican en medios no independientes y temen sufrir repercusiones en sus trabajos formales por su colaboraciones en otros sitios. Pretendiendo combatir la situación de violencia contra los periodistas, el gobierno de Veracruz creó la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz (CEAPP). La Comisión se dedica supuestamente a proteger la libertad de prensa en el estado.

Tiene un presupuesto de 15 millones de pesos y 32 empleados, la mayoría del presupuesto es para pagar sus salarios. Del dinero restante 20,000 se reparten a personas trabajando en un consejo consultivo que sólo tiene la obligación de asistir a una junta cada mes (http://www.veracruzanos.info/se-relanzara-el-colegio-de-periodistas-de-veracruz-anuncia-javier-duarte/).

El Premio Chayotero: galardonando la impunidad del gobierno

El 2 de abril, el gobernador Veracruzano, Javier Duarte, recibió un premió de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME) por su compromiso para “garantizar el ejercicio de la libertad de expresión” (http://www.proceso.com.mx/?p=338047). Este premio causó rabia a los periodistas a nivel nacional, lo percibieron como poner sal en las heridas de todos aquellos que han sufrido el asesinato de un familiar o un colega por realizar su trabajo:

“Es un chiste, una falta de respeto, si miras las estadísticas –9 muertes, 4 desapariciones, una de ellas este mismo año. Treinta personas en exilio, algunos están intentando ser periodistas fuera del país, lo cual es casi imposible para ellos”, dijo el fotoperiodista Félix Márquez, que radica en el puerto de Veracruz.

En tres años Notiver ha visto a cinco de sus periodistas y fotógrafos ser asesinados: Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz, Guillermo Luna Varela y Gabriel Huge. Después de varias amenazas de muerte, la periodista María José Gamba vive en las oficinas del diario Notiver ya que teme por su vida si sale de allí.

Se creó la página de Facebook “A mí también me da asco el chayopremio a Javier Duarte” y a cerca de 2000 usuarios les “gusta” la página, se ha vuelto también un foro de conversación activa sobre las actividades de corrupción de Duarte y sobre las situaciones vividas por los periodistas a lo largo del Estado.

En la misma semana que le concedieron el premio a Duarte, el presidente mexicano Enrique Peña-Nieto visitó Veracruz y nombró incorrectamente la capital del Estado. Al igual que en el caso de George W. Bush, las torpezas de Peña Nieto se vuelven virales en Internet. Verónica Danell, una editora en Mega Noticias en Veracruz, circuló el video del error de Peña Nieto y fue despedida sin explicación, su agencia empleadora MegaCable se negó a comentar (http://www.proceso.com.mx/?p=338445).

Veracruz: ¿un estado tranquilo y bello?

En los pasados cuatro meses México ha visto la explosión de grupos de autodefensa y policías comunitarias en comunidades indígenas rurales en las que la violencia relacionada con el narco se ha desenfrenado. Algunos de estos nuevos grupos civiles armados también han surgido en el estado de Veracruz. El 5 de mayo, después de investigar la situación cerca de dos meses, periodistas veracruzanos viajaron hacia el pueblo llamado El Inglés para documentar la existencia de estos grupos. Al día siguiente Félix Márquez, fotógrafo de Cuartoscuro, publicó una de estas fotos mostrando al grupo de autodefensa enmascarado y armado. El secretario de seguridad respondió inmediatamente diciendo que las fotos habían sido tomadas de un archivo, o bien que Félix Márquez le había pagado a los hombres para posar con armas. También dijo que Márquez debería ser encarcelado por su trabajo (http://www.proceso.com.mx/?p=336687).

Dado el clima para el periodismo en Veracruz, su declaración no debe tomarse a la ligera ya que otros periodistas han sido previamente acusados y apresados por difamación y otros crímenes que aluden a su profesión (http://www.sinembargo.mx/22-04-2013/595030).

Comentando sobre las amenazas del gobierno en su contra, Félix trajo a colación la cuestión de la censura: “Esto proviene de una política de la simulación que existe en el Estado de Veracruz porque no quieren que situaciones [negativas] salgan a la luz, y si se publican, el gobierno intenta desacreditarlas”, dijo Márquez.

Márquez tuvo que salir en exilio temporal a la Ciudad de México. Sus colegas de la Revista Cuartoscuro a nivel nacional y fotógrafos alrededor del mundo salieron en su defensa publicando fotos de cada uno posando ante la cámara con un letrero que decía “Todos somos Félix Márquez”. Unas semanas después Márquez regresó a su natal Veracruz y continúa ejerciendo el fotoperiodismo.

Omar Rábago de Artículo 19 dijo que lo que le pasó a Félix Márquez es algo común: “los periodistas no solo reciben amenazas del crimen organizado sino también agresiones por parte de los políticos, especialmente si tienen espíritu crítico representan una piedra en el zapato del gobierno”.

México no es un país para periodistas críticos.

Es importante resaltar que el estado de Veracruz no es el único en el que sus periodistas sufren una represión violenta y la censura a sus periodistas. Las agresiones a periodistas se han incrementado durante la última década a lo largo de todo el territorio mexicano.

En estados fronterizos como Tamaulipas y Chihuahua, algunas casas editoriales han dejado de publicar artículos acerca de asesinatos que tienen que ver con el crimen organizado. El portal en línea Ojinaga Noticias de Chihuahua declaró que dejarían de existir después del asesinato de su director de edición, Jaime Guadalupe Domínguez el 3 de marzo de 2013. Con una falta de perspectiva crítica al reportar los hechos, redes sociales como Twitter y Facebook han llenado estos huecos.

Grupos del crimen organizado en Tamaulipas anunciaron una recompensa de 600,000 pesos a cambio de información sobre el moderador de la página de Facebook “Valor por Tamaulipas”, cuyo propósito es mantener a los ciudadanos informados sobre la situación de violencia en el Estado. Algunos meses después de la amenaza, el moderador anunció que dejaría de administrar la página (http://www.proceso.com.mx/?p=338335).

Artículo 19 publicó un reporte titulado “Doble asesinato: la prensa entre la violencia y la impunidad” sobre la investigación de las agresiones a 207 periodistas y trabajadores de la comunicación en 2012.  En esta investigación encontraron que funcionaros locales, estatales y federales eran responsables de 43.96 % de los ataques a la libertad de expresión, tres veces más que el crimen organizado responsable del 14% de las agresiones.

Asociaciones civiles, grupos por la libertad de prensa y organismos de derechos humanos unieron fuerzas para trabajar con el gobierno y aprobar una ley de protección a periodistas y organismos defensores de los derechos humanos. Si bien se aprobó hace un año, comenzó a implementarse hace tan sólo unos meses.  Muchos de los periodistas que han sufrido violencia no han hecho uso de estos mecanismos de protección debido a la falta de confianza en un gobierno que también es responsable de dichas agresiones.

No nos pueden impedir informar

Toda la represión a los periodistas veracruzanos, a un mes del asesinato de Regina, está teniendo el efecto de una bola de nieve, ya que la indignación está creciendo entre los periodistas. Algunos periodistas están hablando de formar una asociación de periodistas que trabajan en situaciones de riesgo para estar mejor preparados para confrontar este tipo de situaciones de emergencia.

“Nuestra lucha tiene que continuar detrás de nuestras cámaras, grabadoras y plumas para que podamos seguir informando a la gente de Veracruz”, dijo Márquez. “Esto no sólo me afecta a mí o a Verónica Anell o a los fotógrafos que han sido detenidos y amenazados, todos los periodistas se están poniendo en los zapatos de los otros y preguntándose qué tal si les pasa a ellos, a ellas, o, si le pueden dar un premio a Duarte, ¿qué nos puede pasar a nosotros?”.

En honor a Regina Martínez, a un año de su asesinato, la asociación Periodistas de a Pie reunió a activistas en la casa de Regina en Xalapa para “exigir justicia para todos los casos y para manifestar nuestra solidaridad a los periodistas que todos los días luchan contra el silencio” (https://ponteenmedio.wordpress.com/2013/04/24/un-dia-por-el-periodismo/). Grupos de periodistas realizaron acciones en diez ciudades de México y en Los Ángeles protestando en contra de la severa crisis del periodismo en México. Un tema central de sus cantos y consignas en el deseo de realizar su trabajo en forma segura. http://jornadaperiodistasmx.tumblr.com/page/

La periodista de Proceso, Jesusa Cervantes,  le habló a los periodistas en protesta en la Ciudad de México “queremos ser claros que un país que no tiene libertad de prensa, un país que no tiene las condiciones que le permitan a su gente denunciar abusos de poder, no puede ser un país democrático.

#JornadaPeriodistasMX from SubVersiones on Vimeo.

Por Andalucía Knoll

Este trabajo fue publicado en inglés en el sitio de Upside Down World: http://upsidedownworld.org/main/mexico-archives-79/4267-one-year-after-the-murder-of-journalist-regina-martinez-violence-and-impunity-reign

Para consultar las inforgrafías de Artículo 19 puedes consultar el siguiente enlace: http://www.flickr.com/photos/77679119%40N02/sets/72157629682590574/

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Fotografía: Heriberto Paredes

Desde el mes de Mayo, Héctor Patishtan, hijo del preso político en Chiapas, Alberto Pathistan, ha decidido emprender una Campaña por la libertad de su padre por medio de un videodocumental llamado “Vivir o Morir por la libertad y la Justicia”. En ese sentido ha recorrido varios Estados de México y ha establecido contacto con varias organizaciones y colectivos, al mismo tiempo que con otros presos políticos y presos comunes, privados de su libertad injustamente, como los Presos Loxicha y el Preso Álvaro Sebastián Ramírez, en Oaxaca. Estos últimos fueron sacados el día 7 de junio  del penal de Ixcotel, sin que los familiares sepan aún con exactitud ni su paradero ni su situación física y psicológica.

En la presentación del documental “Vivir o Morir por la libertad y la Justicia”, en un evento público, Héctor Pathistan estableció un acercamiento con Erika Sebastián, hija de Álvaro Sebastián con quien se sintió identificado por compartir una misma experiencia al tener a sus padres en las mismas condiciones de injusticia en una prisión, acusados de algo que no cometieron. Algunas palabras de Héctor fueron las siguientes: Yo siento muy bonito, encontrarme con Érika y platicar cómo hemos pasado la vida. Esta convivencia ha servido para intercambiar experiencias y ver de qué forma ambos podamos ayudarnos.

A Héctor le pidió su padre levantar la voz por los presos sin voz y en ese sentido se comprometió con Érika, para difundir el caso de Álvaro Sebastián en cualquier lugar al que el acuda, textualmente dice lo siguiente: Yo ya me comprometí con ellos, cualquier espacio en el que esté, en Chiapas o el DF, o cualquier otra parte, hablaré del caso del compañero Álvaro Sebastián.

Ambos se identificaron como parte de la Sexta Declaración de la Selava Lacandona del EZLN y compartieron la situación que han tenido que vivir al mantener una lucha activa por la libertad de sus padres. Érika le dice a Héctor: para nosotros la Sexta Declaración es una plataforma de lucha, la leemos, la analizamos y decimos que éste es un nuevo proyecto para nuestro país. Para nosotros va más allá de la libertad de Álvaro.

Al final del encuentro decidieron mantener una lucha conjunta por la liberación de sus padres y demás presos políticos del país, lanzando públicamente sus acciones más próximas:

*Para el caso de Alberto Patishtan, se realizará un evento político cultural frente a Bellas Artes el día 21 de junio con la presencia de intelectuales y periodistas solidarios. Así mismo se pidió estar atentos al fallo que determinarán los magistrados  del tribunal colegiado en Chiapas, tras haber recibido el  expediente de Alberto Pathistan.

*En el caso de Álvaro Sebastián, mantienen una mesa de información en el Zócalo de Oaxaca y han decidido emprender actividades el día 19 de junio para solidarizarse con Patishtan y por el caso de Álvaro Sebastián.

Erika Sebastián concluyó el diálogo diciéndonos: ésta es la oportunidad de ir tejiendo historias, testimonios y solidaridad. No sólo por nuestros padres sino por los presos de conciencia.

Por Círculo Veredas Autónomas en colaboración con

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Fotografía: Ana Paula Mandoki

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

MÉXICO

Junio del 2013.

A l@s adherentes a la Sexta en México y el Mundo:

A los invitad@s a la escuelita zapatista:

De: Subcomandante Insurgente Moisés.

Compañeras y compañeros de la Sexta y alumn@s de la escuelita:

Reciban todos y todas el saludo de los zapatistas y las zapatistas.  Queremos darles de saber cómo vamos  de la preparación de nuestra escuelita hasta ahora.

Bueno, pues hay mala noticia y buena noticia:

Primero la mala noticia:

Ya no hay cupo para asistir a clases en comunidad en las fechas del 12 al 16 de agosto del 2013.  Y también ya está por llenarse el cupo para el curso en el CIDECI, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Son muchas y muchos compañeros y compañeras que quieren asistir a la escuelita en nuestras comunidades zapatistas.  Much@s más de lo que esperábamos.  Y todavía más de lo que creían las personas que se la pasan diciendo que ya pasó de moda los zapatistas, que sus iniciativas ya no “jalan”, y esas tonterías que dicen los que no tienen nada qué hacer.

Entonces, lo que queremos informarles es que ya se llenó el cupo total para quienes asisten a comunidad en agosto, todos los saloncitos están llenos o sea ya no cabe más, no hay más cupo para alumnos.  Porque no sólo se trata de recibirlos, también tenemos que ver que estén bien hospedados y alimentados, claro según nuestras humildes posibilidades.

Primero teníamos preparado para recibir en comunidad zapatista a 500 estudiantes.  Rápido se llenó.  Luego ampliamos a 1000 estudiantes, y no duró nada.  Ahora hicimos espacio para 1500 estudiantes y ya también se llenó.  Y ya no podemos más en esta vuelta porque pensamos de atenderlos bien y que estén contentos.

Pero no se ponen tristes, ni se desanimen, al contrario, porque estamos viendo de otra fecha, de otro mes, para los que no podrán entrar en la escuelita en comunidad esta vez. Ahí les avisamos la fecha después.  Lo más seguro es que sea para diciembre-enero próximos.

Y ahora las buenas noticias:

Nuestras compañeras zapatistas y compañeros zapatistas, que son quienes serán las maestras y maestros, ya están terminando sus preparaciones para ser maestras y maestros.

Sí, están terminando su preparación, porque todos los pueblos zapatistas participarán en esta escuela.  Ustedes tendrán 3 equipos de maestras y maestros: las compañeras y compañeros de las comunidades que los van a recibir, hospedar y alimentar; las compañeras y compañeros que los van a acompañar todas las horas y los van a estar cuidando, o sea las guardianas y los guardianes, o sea su VOTAN; y luego sus maestras y maestros en la escuelita.

Pero de todo esto, de cómo está eso de los 3 equipos de maestros y maestras, y cómo va a estar mero la escuelita, pues ya se los va a explicar más el SupMarcos en otros escritos después de éste.  Según esto ya casi está lista su compu.

Aparte de que va a haber maestras y maestros de video conferencia, y ya están terminando la grabación de la plática-clase en DVD.

Los libros de texto ya están listos y sólo falta agregarles el dvd donde van a poder ver lo que nuestros propios compañeros y compañeras de medios zapatistas filmaron de lo que hemos hecho en todos los rincones zapatistas aquí en Chiapas.

Les recuerdo que después va a haber videoconferencias o pueden pedir los materiales.

Y también estamos pensando de mandar, luego, un equipo de maestros y maestras a otras partes donde haya gente que quiera conocer cómo es nuestra lucha por la libertad.  Claro, sólo si son invitad@s.

En otro escrito, el SupMarcos les va a poner algunos datos de cómo va todo eso de lo de l@s estudiantes.  Sólo les adelanto que la gran mayoría son jóvenas y jóvenes.

Aprovecho para decirles de la invitación general a todo el que quiera venir a la fiesta de los 10 años que cumplen las Juntas de Buen Gobierno.

También les recuerdo de la “Cátedra Tata Juan Chávez Alonso”, que es abierta a todo el que quiera asistir, y que se celebrará en el CIDECI de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, iniciando el día 17 de agosto, que es cuando también están saliendo tod@s l@s estudiantes de las comunidades, así que los que estén en comunidad también podrán asistir y escuchar la palabra de otros pueblos originarios de México que luchan por los derechos y la cultura indígenas.  Precisamente en el mes de julio, tendremos una reunión de la Comisión Organizadora, o sea de los convocantes al homenaje para nuestro querido compañero Don Juan Chávez Alonso.

Es todo por ahora.  Acá los esperamos.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.

México, Junio del 2013.

***

Escucha y ve los videos que acompañan este texto:

Rola “El anarquista”, de Paradoxus Luporum.  Dedicada para l@s compas anarquistas, el nuevo gran enemigo de la “izquierda” institucional.

Mario Benedetti, en su voz, con “¿Qué les queda por hacer a los jóvenes?”, para l@s ídem.

Para que vayan afinando el paso para la fiesta de los 10 años de los caracoles y las JBG:

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Tony Luna Henríquez y Érica Sebastián hijos de dos de los presos loxichas que permanecen en calidad de desaparecidos.
Fotografía: Santiago Navarro F.

El día 7 de junio a las 2:30 de la madrugada fueron trasladados con lujo de violencia  6 presos políticos de la región Loxicha,Oaxaca al nuevo penal de máxima seguridad en la Sierra Sur de Oaxaca –mejor conocido como el Guantánamo de Oaxaca-. Estas personas llevan mas de 16 años presos y son acusados de pertenecer al Ejercito Popular Revolucionario (EPR) y han sido condenados por la muerte de policías federales así como de personal de la marina caídos en un enfrentamiento en 1996 en la Crucecita Huatulco, Oaxaca, el último dictamen los condena por homicidio calificado, contrario a lo que determina el articulo 137 del código penal Federal:

’’Cuando durante una Rebelión se cometan los delitos de homicidio, robo, secuestro, despojo, incendio, saqueo u otros delitos, se les aplicara las reglas del concurso. Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate…’’

Por lo tanto el delito de homicidio calificado en un contexto de rebelión no existe jurídicamente, sin embargo los acusados tienen las penas máximas por esta acusación que es mas bien referida a la delincuencia organizada común y no para un enfrentamiento de un grupo beligerante y las fuerzas armadas del Estado.

Han pasado ya mas de 84 horas y los hijos de los presos aun no saben con certeza donde ni como se encuentran. En conferencia de prensa el lunes 10 de junio nos comentan “no hemos podido tener comunicación con nuestros familiares y ya hemos acudido al Centro Federal de Readaptación Social No. 13 (CEFEESO) donde supuestamente se los llevaron, pero nos han impedido el acceso y nos siguen negando información, diciendo que es confidencial’’

El CEFERESO No. 13 es parte de la Estrategia Penitenciaria construida mediante el  Contrato de Prestación de Servicios en alianzas público-privadas establecida como un acuerdo de la Iniciativa Mérida para promover la estandarización de las instalaciones penitenciarias. En ese sentido, según el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Publica Federal del 2006-2012, en mayo del 2009 se crea la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP), quien desde su inicio a capacitado a elementos del personal de seguridad penitenciaria federal en Nuevo México y Colorado, en los Estados Unidos.

Actualmente la gente capacitada se desempeña como instructores de la propia ANAP y son quienes controlan los nuevos CEFERESO. En el nuevo penal donde se supone que trasladaron a los presos Loxicha, también será un escuela de adiestramiento canino, de hecho se dice que quienes están recibiendo a los presos lo están haciendo con perros. La estructura del penal maneja tecnología de punta comprada en EU que no permite ningún tipo de comunicación telefónica. Las celdas fueron construidas para aislar a los presos, solo caben dos personas en cada una, no podrán ver físicamente a sus familiares, la única opción que tendrán son las televisivas, es decir, una videollamada en un salón de conferencias y los únicos que podrán tener una o dos visitas conyugales al año, serán los que se sujeten a las normas y a la disciplina interna, es lo que mencionan los constructores del penal.

Este Nuevo modelo penitenciario asume como objetivo principal, un tratamiento individualizado de carácter progresivo y técnico acorde a su nivel de custodia e intervención según el informe de rendición de cuentas del 2006-2012. Cada preso representa una pieza de la inversión privada, pues se necesitaran 9000 mil uniformes y juegos de cama por año, una vaca diaria, es decir 1000 toneladas de carne de res al año, un millón cien mil huevos al año, entre muchas otras mercancías e insumos para mantener en funcionamiento este nuevo negocio, es lo que mencionan en entrevista los ingenieros que han diseñado el penal, quienes lo consideran una empresa o industria penitenciaria, pues hay un vinculo con empresas tan grandes como Telmex, quienes obtendrán mano de obra barata en las cárceles.

Los hijos de los presos Loxicha muestran una gran preocupación por no saber nada sobre sus familiares y temen por su salud y por sus derechos humanos, Erica Sebastián, hija de Álvaro Sebastián, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona nos comenta, “queremos tener la certeza de que nuestros padres están bien física y psicológicamente, pues sabemos que ese penal es un lugar de exterminio, nuestros padres están recluidos por un delito que no tiene fundamento, pues el mismo Estado ha manejado que son guerrilleros y los ha condenado como a delincuentes comunes’’

La homogenización de los presos políticos y de la delincuencia organizada desdibuja cualquier derecho que pueda tener algún preso político y solo se le considera una cifra  mas. Esta es la lógica de la privatización de los centros penitenciarios,  donde interviene un capital privado en la construcción y administración de una prisión, incluso se puede hablar de las prisiones especulativas. Las que se planean, financian y se construyen sin la intervención del Estado, para después ofrecerlas a este mismo. Este es un nuevo mercado que especula con la libertad y la justicia de las personas presas, quienes no pueden ser tratadas a todas por igual y que cualquier reinserción social no esta desconectada de lo humano. En ese sentido Erica Sebastián nos termina diciendo que las cárceles no son injustas, sino ilegales, pues hay mucha gente inocente dentro de ellas.

Más información en este enlace con información de Veredas Autónomas: http://www.megafono.lunasexta.org/node/1878

 Por Santiago Navarro F.

Continuar leyendo »]]> LA MARINA Y EL EJERCITO ENTRO DE MANERA VIOLENTA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TEMALACATZINGO Y AMENAZÓ DE MUERTE AL COMANDANTE GENERAL DE LA PCP Y AL CGSJ-PCP.

A los medios de comunicación

A los Organismos de Derechos Humanos

Internacionales y nacionales

A las organizaciones sociales independientes

El día de hoy jueves 06 de junio alrededor de las 2:45 pm dos carros de marca Ford con series 800102 y 800108 de uso exclusivo de la marina al mando del subteniente Eduardo González Gómez de la fuerza armada de México, que fue el nombre que los soldados marinos reportaron. Entraron a la comunidad de Temalacatzingo de manera violenta y arbitraria, atravesaron sus carros en la calle principal de la comunidad y rodearon a los comisarios  que venían saliendo de una asamblea popular donde se analizaron asuntos de seguridad de las comunidades, los marinos bajan de sus carros violentamente y  rodean a los comisarios con sus armas, les cuestionaron sobre cuantas armas tienen y de que calibres, después les dijeron  que iban hacer un chequeo de rutina. el comandante de la PCP y la gente que se encontraba cerca en ese momento  al ver el abuso de poder de estos señores acudieron en apoyo y le exigieron a la marina que se retirara de esta comunidad, aquí no necesitamos de sus servicios y mucho menos es su función andar hostigando a comisarios o a ciudadanos de las comunidades solo porque están adscritas al sistema de seguridad y Justicia de la PCP, les cuestionamos también que en territorio comunal de Temalacatzingo no tienen por qué andar parando a comisarios o a ciudadanos policías solo porque son de la PCP, aquí nosotros nos hacemos cargo de la seguridad de nuestras familias y de nuestros pueblos, a lo cual ellos les molesto mucho y de manera violenta y amenazante respondieron “les vamos a mandar a los delincuentes y a ver si es cierto que  van a poder con ellos”  después llego el comandante del ejército que está establecido en esta comunidad de Temalacatzingo y respondió con amenazas hacia el comandante general de la PCP y ordeno a su compañero marino: “ a ese tómenle fotos y si nos denuncian sobre el vamos a venir de una vez te lo advierto”  “ Yo y mis compañeros vendremos por ti” siguió repitiendo varias veces.

 Con estas acciones de la marina y el ejército queda demostrado cuál es su misión en estas tierras comunales, está más que claro cuál es la intención de la marina y el ejército en nuestras tierras, su intención no es brindar seguridad a la ciudadanía sino exterminar a como dé lugar a la Policía Ciudadana y Popular.

 La pregunta es ¿Por qué tanto odio y desprecio hacia nosotros los indígenas? ¿En qué les afecta a ellos que como ciudadanos y ciudadanas nauas nos organicemos y nos autoprotejamos de la delincuencia? ¿A caso ellos son parte de por eso dicen que no las van enviar? Y lo que es todavía indignante es que sus acciones siempre lo hacen en nombre de la ley federal, ellos dicen que son la ley y son federales y el gobierno los envía. Cuando la gente  les dijo que van a reportar a sus superiores sobre las acciones violentas que hacen en contra de los pueblos indígenas, cínicamente responden “háganselo saber no nos preocupa porque ellos ya tienen conocimiento por eso estamos aquí, el gobierno federal nos envía”.

Estos hechos ocurrieron después de que una comisión que representa el Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular acudió al campamento del ejército que se estableció en el campo de futbol de la comunidad de Temalacatzingo para pedir una explicación del por qué se establecieron en ese lugar, ¿A que vinieron? ¿Quién los envió y para qué? A lo cual ellos nunca nos dieron respuestas claras, lo único que dijeron es que ellos son federales y pueden andar donde ellos quieran, nosotros les dijimos que aquí no se requieren sus servicios, hasta ahorita la PCP se ha hecho cargo de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en estas comunidades. Durante años como pueblos indígenas nauas siempre fuimos excluidos de ese servicio y que casualidad ahora se preocupan mucho por nuestra seguridad. Además, el ejército mexicano en estas tierras comunales de Temalacatzingo tiene malos antecedentes, en el año de 1996 llegaron  a nuestras  comunidades solo para reprimir, varios soldados se metían  a las casas y violaban a las mujeres, a otros ciudadanos los detenían para hostigarlos y otros más los golpeaban sin justificación alguna, ¿cómo podemos confiar en aquellos los que supuestamente tienen la función de brindar seguridad a la ciudadanía, si son ellos los que nos vienen amenazar y crear violencia en las comunidades?. Por todos esos abusos que cometieron y además de que es injustificable su permanencia en nuestra comunidad, les pedimos amablemente que se retiren de estas tierras.

Como pueblos nauas nos preocupa la seguridad y el desarrollo de nuestros pueblos, por eso decidimos organizarnos y formar  la policía ciudadana y popular y el Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia, pero hoy  los gobiernos tanto federal, estatal y municipal han iniciado una política de represión y hostigamiento hacia la Policía Ciudadana y Popular. En sus discursos por los medios masivos de comunicación siempre han dicho que sus  políticas de  gobierno van encaminados a establecer la paz y el desarrollo de nuestros pueblos y para ello van aumentar la presencia de la marina y el ejército en las comunidades, y así es como lo están haciendo pero no es para traer desarrollo o combatir la delincuencia sino para crear terror y acabar con aquellas comunidades que se organizan para autoprotegerse de la delincuencia, como hoy, lo intentan hacer con la Policía Ciudadana y Popular.

A nombre de la coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular, manifestamos al gobierno de México Enrique Peña Nieto, al Gobernador de Guerrero Miguel Ángel Aguirre Rivero y al Presidente Municipal de Olinalá  Eusebio González, los siguientes planteamientos:

• Primero les recalcamos que nuestra lucha es por la vida, por la justicia y la paz social
• Como CRSJ-PCP no estamos en contra de las instituciones, estamos en contra de aquellas personas que trabajan en ellas y se prestan a la corrupción para dar paso a la delincuencia.
• Como CRSJ-PCP les decimos que continuamos abiertos al dialogo y al entendimiento, como el mejor mecanismo para dirimir cualquier problema social. Nuestras armas principales son las ideas y las propuestas.
• Nos organizamos para autoproteger  a nuestras familias y a nuestras comunidades de la delincuencia.
• Somos hombres y mujeres comprometidas con la justicia, con la seguridad, con la paz social y el desarrollo de nuestros pueblos, pero no desde el discurso, sino desde estas tierras que pisamos y que nos alimentaron como personas humanas racionales.
• Nuestra cosmovisión como pueblos indígenas nauas está basado en la filosofía de vida de nuestros ancestros, que es amor a la vida, a la patria, a la justicia y a la paz social.
• Todo nuestro accionar está basado en el marco jurídico de la constitución política de los estados unidos Mexicanos, en su artículo 2 y 39, la ley 701 de reconocimiento y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guerrero, el convenio 169 de la OIT, la declaración universal de Derechos Humanos de la ONU.

Por todo lo anterior, exigimos a las autoridades:

1. 1. Que se retire el ejército y la marina de las comunidades indígenas del territorio comunal de Temalacatzingo- Olinalá  y Cualac, Guerrero.
2. 2. Respeto irrestricto a la AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN de los pueblos indígenas,  ya contemplada  en el artículo 2° de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Art.  2º, 6º,7º, 8º, 26, 35,36. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, resolución  aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre del 2007. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo(OIT), artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º,8º y 9º; entre otras.
3. 3.  Respeto y reconocimiento a nuestro Sistema de Seguridad y Justicia – Policía Ciudadana y Popular.
4. 4. Alto al hostigamiento y la represión contra los pueblos y organizaciones que luchan para autoprotegerse.
5. 5.   Exigimos al Gobierno del Estado de Guerrero una  respuesta al Pliego petitorio entregado el día 3 de febrero del año 2013.

Atentamente

La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular

CRSJ-PCP

Soberanía popular, justicia y Libertad

Continuar leyendo »]]> Se invita a una exposición venta de fotografías a beneficio del Movimiento Migrante Mesoamericano, el 13 de junio a las 20:00 horas en la Galería Torre del Reloj, de Polanco. Ciudad de México

De los fotógrafos participantes dice el catálogo:

Encarni Pindado (Madrid, España). Su compromiso por conocer cada vida retratada es esencial. Su vida entre Londres y el mundo la dedica a resguardad con sus ojos insobornables la realidad menos vista. Ausencias es el proyecto fotográfico sobre el pasaje que las mujeres enfrentan al salir de sus países y llegar a EE. UU. Las mujeres son mucho más vulnerables que los hombres en este viaje, se ven expuestas a todo tipo de abusos de derechos humanos, sexuales, físicos y psicológicos, con el riesgo de ser secuestradas, vendidas a los traficantes de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral y en el peor de los casos asesinadas. Su esperanza es alimentada por su desesperación para salir de la pobreza.

Francisco Elías Prada (Caracas, Venezuela): “Una de las mejores armas para alcanzar los ideales humanos es una cámara fotográfica. Las inmersiones de Elías Prada en este mundo desigual, buscan atrapar la luz de esa lluvia interminable de juegos pirotécnicos que es la realidad”.

Alonso Crespo (Ciudad de México). Su mirada es la evolución del tacto, con el que acaricia sutilmente las circunstancias de un instante. Su fotografía da la impresión de que a fuerza de contemplar intensamente se puede entrar en el objeto.

Iván Castaneira (Ciudad de México). El trabajo de Castaneira siembra un extrañamiento en la cotidianeidad: asombra e inquiere.Descubre el delgado velo borroso al que confundimos con la realidad. La inmensidad de los problemas termina por sedar al espectador, el fotógrafo sujeta los momentos para que no se pulvericen en las acciones inconmensurables que ocurren cada milésima de segundo.

Fabio Cuttica (Roma, Italia). La realidad más cruda pasaría por ser una invención narrativa si no existiera la fotografía. Cuttica trata de documentar con Un pasaje oscuro la metáfora de la migración en México, un término tan recurrido en la poesía, pero no en la fotografía. En el fondo de esta propuesta palpita una idea fascinante de Jorge Luis Borges: la censura es la madre de la metáfora.

Prometeo Lucero (Ciudad de México). Hay muchas cosas que los historiadores más minuciosos no registran, que escapan y son imprescindibles. La lucha de Lucero es resaltar los rasgos minuciosos que sólo los marineros toman en cuenta, porque unos pocos grados no computados cambian el rumbo del viaje.

Mario Marlo (Ciudad de México). En el semblante de un migrante están tatuados el desvelo, la impotencia, la esperanza que les duerme el hambre y el coraje que palpita en sus sienes.

Raúl Ibáñez (Málaga, España). Los mapas imperceptibles en el rostro de una madre son más vastos y preciosos que la geografía de un mundo registrada por un cartógrafo. Siguiendo las mismas rutas que los migrantes persiguieron, sus madres andan los pasos de sus hijos, reconstruyendo el cordón umbilical que les unió desde el principio.

Organiza la Galería Virtual / Itinerante. www.nocheztli.com Celular (044) 5559670646

contacto@nocheztli.com

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Fotografía: Heriberto Paredes

Hemos decidido publicar el siguiente comunicado de manera íntegra y descargable porque consideramos que es parte de nuestra labor informativa. Desde inicios de este año nuestras publicaciones resultado de la cobertura en el estado de Guerrero, sobre todo las enfocadas a la aparición de grupos de autodefensa y expresiones particulares de policía comunitaria, han intentado dar cuenta del panorama tan complejo que se vive en este estado mexicano. De la misma manera en que hemos difundido comunicados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y le hemos dado seguimiento a diversos procesos en territorio comunitario, hemos también cubierto los procesos de  incipiente justicia que se han desarrollado en el municipio de Ayutla de los Libres, en este caso a manos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Estamos al tanto del rumbo que ha seguido cada organización, de sus vínculos previos y de los desencuentros que han ocasionado la confrontación en la que se encuentran hasta ahora. Mantenemos nuestra postura y afirmamos que no nos corrsponde a nosotros inclinarnos hacia alguno de los bandos, en todo caso nos parece más pertinente estar ahí y seguir con detenimiento el desarrollo de los procesos para poder continuar con esta cobertura.

No creemos en la imparcialidad y tenemos una postura política, no nos interesa hacer propaganda de ningún tipo, ni deformamos la información al estilo de los medios corporativos.

En este sentido hemos también volcado la mirada hacia experiencias como la Policía Ciudadana y Popular en los municipios de Temalacatzingo, Huamuxtitlán y Olinalá. En este caso nuestra cobertura también continuará, encontramos ahí una palabra que busca ser escuchada y que también cuenta con la fuerza de muchos pueblos y comunidades.

A continuación presentamos este extenso comunicado que se muestra como la palabra de las comunidades fundadoras del Sistema de Seguridad Comunitaria. Será este comunicado algo polémico pero que necesita conocerse y analizarse detenidamente antes de formar juicios prematuros. Por eso vamos a expandir nuestra cobertura y ahora estaremos atentos a estas comunidades que por primera vez se presentan de manera unificada. Esperamos contribuir en algo a la comprensión de la situación que se vive en las diversas regiones Guerrero.

Antes de finalizar esta breve introducción tan sólo basta puntualizar dos consideraciones; primero, recalcar que si tenemos una postura política ésta se encuentra cimentada y definida por las decisiones colectivas de cientos de comunidades que hemos visto organizarse y movilizarse, en este contexto en particular y en otros a lo largo y ancho del país. Segundo: no vamos a responder por consigna para un lado u otro, por lo que resltamos el carácter autónomo que nos vio nacer como medio de comunicación y que nos verá seguir hasta donde sea necesario.

El siguiente boletín de prensa ubica sintéticamente los temas del comunicado que presentamos en seguida.

Colectivo Editorial

San Luís Acatlán, Guerrero, 2 de junio de 2013

Boletín de prensa.

Asamblea de Autoridades Comunitarias, Consejeros, Policías Comunitarios y ciudadanos en general de comunidades que fundaron la Policía Comunitaria en 1995 dan a conocer su postura.

• Denuncia graves irregularidades cometidas por los ex coordinadores y los actuales coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y exigen que se respete el reglamento interno del Sistema Comunitario.
• Acuerdan comenzar un trabajo para la reconstitución del Sistema Comunitario de justicia, esto en coordinación y diálogo con todas las comunidades que lo integran.
• Piden la revocación de mandato para los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán por faltas graves en el corto periodo que han ocupado el cargo y acuerdan promover nueva Asamblea para el día 16 de junio de 2013 en la comunidad de Santa Cruz del Rincón.

La Asamblea realizada el domingo 2 de junio de 2013 sesionó con la participación de 20 comisarios, 7 delegados, 11 comisariados y más de 450 ciudadanos de 29 comunidades de los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec, en el auditorio ejidal de esta localidad. “Nos citamos para seguir evaluando la difícil situación que vive la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria y tomar acuerdos para retomar el proyecto de nuestros pueblos”, dicen las autoridades que integran la mesa de debates.

En el comunicado público emitido por esta Asamblea alertan que “los pueblos Na´Savi y Me´Phaa que orientaron nuestro camino hace más de 17 años vieron el riesgo de que nuestra lucha y nuestro sistema de justicia fueran cooptados por el Estado o por grupos oportunistas, por eso la base fundamental siempre serán las Asambleas Comunitarias y la Asamblea Regional. La CRAC nace de la Asamblea Regional pero no puede tomar ninguna decisión sin ella. No le compete firmar ningún acuerdo o convenio con el gobierno, ni tomar ninguna decisión sobre el rumbo político de los pueblos sin la consulta y aprobación de la Asamblea Regional”.

Afirman que su sistema de justicia está en peligro, “necesitamos hoy más que nunca repensar y reestructurar nuestro proyecto como pueblos y defender nuestro Territorio Comunitario”. Finalmente, se deslindan de la UPOEG y afirman que “la supuesta confrontación mediatizada desde enero de este año entre la CRAC y la UPOEG logró enterrar la palabra y las demandas de muchas comunidades, ocultar las irregularidades y denuncias al Sistema de Justicia comunitario, pero sobre todo terminó de debilitar el control de los pueblos y su participación en la Asamblea Regional”.

Consulta el comunicado completo aquí

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Fotografía Juan José Estrada Serafín

CÁTEDRA CAMINANTE “TATA JUAN CHÁVEZ ALONSO”

Junio del 2013.

Somos los indios que somos, somos pueblos, somos indios. Queremos
seguir siendo los indios que somos; queremos seguir siendo los
pueblos que somos; queremos seguir hablando la lengua que nos
hablamos; queremos seguir pensando la palabra que pensamos;
queremos seguir soñando los sueños que soñamos; queremos seguir
amando los amores que nos damos; queremos ser ya lo que somos;
queremos ya nuestro lugar; queremos ya nuestra historia, queremos
ya la verdad”.  Juan Chávez Alonso. Palabras en el Congreso de la Unión,
Marzo del 2001. México.

Hermanos y hermanas:

Compañeras y compañeros:

Ésta es la palabra de un grupo de organizaciones indígenas, pueblos originarios y del EZLN.  Con ella queremos traer a nuestro lado la memoria de un compañero.

A un año de su ausencia, con su recuerdo como compañía, damos un paso más en la larga lucha por nuestro lugar en el mundo.

Juan Chávez Alonso es su nombre.

De su paso fuimos y somos camino.

Con él, el purépecha se hizo caminante de los pueblos que dieron origen y sostienen estas tierras.

Tata fue, y es, de los puentes que con otros levantamos para vernos y reconocernos en lo que somos y en donde somos.

Su corazón fue y es el alto asiento desde donde los pueblos originarios de México miramos aunque no seamos mirados, hablamos aunque no seamos escuchados, y resistimos, que es como nosotros caminamos la vida.

Su paso y su palabra buscaron siempre hacerse eco y voz elevada de los dolores y agravios del México del sótano.

El Congreso Nacional Indígena es una de las grandes casas que sus manos ayudaron a construir.

La lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas tiene en él, en su memoria, razón y motor para perseverar.

Lejos del pésame pasajero y el olvido pronto frente a su ausencia, un grupo de organizaciones y pueblos originarios buscamos la forma de alargar su paso con nosotros, de levantar su voz con la nuestra, de agrandar el corazón que con él somos.

Nosotras, nosotros, el colectivo color de la tierra que somos, hemos acordado en nuestro corazón y pensamiento, levantar, junto con el nombre e historia de este hermano y compañero, un espacio en el que sea escuchada, sin intermediarios, la palabra de los pueblos originarios de México y del Continente que llaman “americano”.

Y hemos pensado en nombrar a este espacio como “Cátedra Tata Juan Chávez Alonso”, para subrayar lo mucho que tienen que enseñar nuestros pueblos originarios en los calendarios de dolor que sacuden todas las geografías del mundo.  Aquí podremos escuchar las lecciones de dignidad y resistencia de los pueblos originarios de América.

Pensada como un esfuerzo de continuación del Primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América, celebrado en el mes de Octubre del 2007 en Vicam, Sonora, en el territorio de la Tribu Yaqui, la cátedra “Tata Juan Chávez Alonso” celebrará sus sesiones en distintos puntos de la América originaria en todo el continente, conforme la geografía y el calendario que vayan acordando sus convocantes y quienes se adhieran en su oportunidad.

Su objetivo no es otro que levantar una tribuna en la que los pueblos originarios del continente sean escuchados por quien tenga oído atento y respetuoso para su palabra, su historia y su lucha de resistencia.

Organizaciones indígenas, representantes y delegados de pueblos, comunidades y barrios originarios, serán quienes tomarán la palabra.

Como inauguración de esta tribuna, se realizará la

 PRIMERA SESIÓN DE

LA CÁTEDRA CAMINANTE “TATA JUAN CHÁVEZ ALONSO”

 En la que diferentes organizaciones, comunidades y pueblos originarios hablarán con voz propia de sus historias, dolores, esperanzas y sobre todo de su lucha de resistencia.

Con las siguientes bases:

1.-  La primera sesión de la Cátedra “Tata Juan Chávez Alonso” se llevará a cabo a partir de los días sábado 17 y domingo 18 de agosto del 2013, en las instalaciones del CIDECI en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

2.- Las organizaciones convocantes se constituyen desde ahora en Comisión Organizadora para invitar a participar a más pueblos originarios y para acordar todo lo referente al método de esta primera sesión.

3.- La Comisión Organizadora invitará especialmente a organizaciones, grupos y personas que han acompañado la lucha de los pueblos originarios de manera constante.

4.- En esta primera sesión participarán con su palabra los ahora convocantes y las organizaciones y pueblos originarios de México y del continente americano invitados por la Comisión Organizadora.

5.- Las sesiones son abiertas al público en general.

6.- Más información sobre el calendario y horario de participaciones, será dada a conocer en su oportunidad por la Comisión Organizadora.

En el mismo marco de la Cátedra “Tata Juan Chávez Alonso” y con su mirada como horizonte, las organizaciones indígenas y pueblos originarios participantes se reunirán aparte para proponer, con una convocatoria más amplia aún, el relanzamiento del Congreso Nacional Indígena en México, y hacer un llamado conjunto a los pueblos originarios del Continente para reanudar nuestros encuentros.

Por el reconocimiento y respeto de los derechos y la cultura indígenas.

CONVOCAN:
Nación Kumiai.
Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui.
Tribu Mayo de Huirachaca, Sonora.
Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta.
Comunidad Coca de Mezcala.
Radio Ñomndaa de Xochistlahuaca, (Pueblo Amuzgo), Guerrero.
Comunidad Zoque en Jalisco.
Organización de Comunidades Indígenas y Campesinas de Tuxpan (Pueblo Nahua), Jalisco.
Comunidad Nahua en Resistencia de La Yerbabuena, en Colima.
Colectivo Jornalero de Tikul (Pueblo Maya Peninsular), Yucatán
Comunidades Purépechas de Nurío, Arantepacua, Comachuén, Urapicho, Paracho, Uruapan, Caltzontzin, Ocumicho.
Comuneros Nahuas de Ostula.
Comunidad Nahua Indígena de Chimalaco, en San Luis Potosí.
La Otra indígena Xilitla (pueblo Nahua).
Comunidad Mazahua de San Antonio Pueblo Nuevo, Edomex.
Comunidad Ñahñu de San Pedro Atlapulco, Edomex.
Centro de Producción Radiofónica y Documentación Comunal de San Pedro Atlapulco (Pueblo Ñahñu), Edomex.
Comunidad Nahua de San Nicolás Coatepec, Edomex.
Ejido Nahua de San Nicolás Totolapan, DF.
Comuneros Nahuas de San Pedro Atocpan, DF.
Mujeres y Niños Nahuas de Santa Cruz Acalpixca, DF.
Mazahuas en el DF.
Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala (Pueblos Nahua y Popoluca), de Tehuacán, Puebla.
Asamblea Popular Juchiteca (Pueblo Zapoteco), Oaxaca.
Fuerza Indígena Chinanteca “KiaNan”.
Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón, (Pueblos Zapoteco, Nahua, Mixteco, Cuicateco), Oaxaca.
Comité de Bienes Comunales de Unión Hidalgo, (Pueblo Zapoteco) Oaxaca.
Unión Campesina Indígena Autónoma de Río Grande (Pueblo Chatino y Afromestizo), Oaxaca.
La Voz de los Zapotecos Xichés en Prisión, Oaxaca.
Temazcal Tlacuache Tortuga de la comunidad de Zaachilá, (Pueblo Zapoteco), Oaxaca.
Colonia Ecológica la Minzita, (Pueblo Purépecha), Morelia, Michoacán.
Colectivo Cortamortaja de Jalapa del Marqués (Pueblo Zapoteco), Oaxaca.
Radio Comunitaria Totopo de Juchitán (Pueblo Zapoteco), Oaxaca
CIDECI-UNITIERRA, Chiapas.
CCRI-CG del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Pueblos Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, Zoque, Mame y Mestizo), Chiapas.

México, Junio 2 del 2013.

***

Escucha y ve los videos que acompañan este texto:

En memoria de Don Juan Chávez Alonso. Realizado por la Cooperativa de Condimentos para la Acción Cinematográfica.

El Comandante Guillermo, presenta a Don Juan Chávez Alonso en el Festival de la Digna Rabia, en el CIDECI, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Baile tradicional “Los Viejitos”, interpretan moradores de la Casa del Estudiante Lenin, de Michoacán, México.

Continuar leyendo »]]> “El arte, puesto que es una actividad esencial para la vida humana,
no puede ser ni es privilegio de unos cuantos”
Diego Rivera

Siempre he soñado con cosas grandes… y luego se volvieron realidad

Fueron cinco días en los que Saner parió/pintó un mural, nosotros los enfermeros/coordinadores/pintores de brocha gorda ayudamos un poco en ello, y el proceso fue de ensueño,  como cuando se concibe un hijo (aunque no sé cómo sea eso) pero me lo imagino. Los días bajo el intenso sol, las comidas compartidas, los cafés en la mañana, las jornadas de sol a sol y las danzas al cruzar la calle de una lado al otro, fueron cosas que se vivieron en los días de trabajo junto a Saner.

Desde la emoción que sembró el avistamiento del primer boceto hasta el día de la finalización del mural, la magia estuvo presente. Fueron días de arduo trabajo, de visitas amenas, de compañías divertidas, de reacciones inesperadas, la mayoría de ellas muy buenas. A muchas cosas te enfrentas cuando sales a pintar a la calle, sobre todo a la crítica, se entra a un espacio público en el cual todos formamos parte y por lo tanto podemos opinar de ello. Creo que esa es una de las razones más fuertes por las cuales creo que el muralismo, el arte callejero, el graffiti, las pintas, etc., son hechas por personas valientes que no se pueden guardar lo que traen dentro, que se tienen que expresar y qué mejor que en las calles, que es en donde la vida se da de manera natural.

Saner es un artista compartido, con su tiempo y con su espacio, en el tiempo en con el que pudimos convivir con él siempre se mostró y portó abierto ante las preguntas que los curiosos le hacíamos, humilde y preciso en sus respuestas y divertido en la convivencia, entregado en su trabajo mostró un gran amor al dejarnos su arte en Morelos.

Comentarios como ¡Está bien vergas! ¡Qué chido! ¡Ya hacía falta algo así en Cuernavaca! ¡Nadie había hecho algo tan diferente! ¡Sigan así muchachos!¡No desperdicien la pintura de esa manera!, niños gritando desde sus coches, ¡Qué bonito!, miradas sorprendidas, de admiración, de desapruebo, de gusto, cabezas giradas hasta más no poder desde las ventanillas de los autos, dedos gordos arriba, ojos observadores, por segundos, por minutos, por horas y por días, vimos nacer a los personajes que conformaron una nación en movimiento. La felicidad de la señora de los tlacoyos, sus bendiciones y observaciones, el asombro de los oficinistas y el disfrute de los tenderos que tienen en frente el mural fue una de las cosas más bonitas que se vivieron.

Después de terminar el mural algunas reacciones que se expresaron me hicieron pensar en las interpretaciones que la gente le da al arte que Saner plasmó en el muro de la Unidad Deportiva del Miraval, como bien es sabido, uno de los elementos más importante dentro de su obra son las máscaras, las cuales están fuertemente influenciadas por culturas indígenas, y por elementos que, en una sociedad mayormente católica y reservada, como lo es la mexicana, hace que haya ruido a la hora de observar.

Sin embargo, estos elementos son básicos en su trabajo, las máscaras como lugares para guardar secretos y significados, las máscaras como complementos de nuestro ser en ésta dimensión y otras, las máscaras como protección, como representación de nuestro verdadero ser. Día a día veíamos nacer nuevos personajes, en algunos casos completarse y en otros esperar a que la máscara les escogiera, ya que era el último elemento que terminaba de pintar en sus personajes.

Algunas de las máscaras como la de un cráneo de guerrero águila nos hacen pensar en la muerte. A algunas personas no les gustó eso aunque se mostraron felices al ver la totalidad del mural.  Otra niña se acercó a preguntar ¿Por qué no pinto algo más deportivo? Ya que los personajes como obreros, abogados, niñas, deportistas, seres míticos y religiosos se mezclan en una danza maratónica que incita al movimiento, no solo de nuestro cuerpo, sino también de nuestras ideas, de nuestros sueños , creo que éste tipo de provocaciones son más que necesarias para poder reactivar nuestra sociedad cada vez más aletargada por los medios masivos de comunicación y por la falta de una verdadera educación, en palabras de Saner, el concepto de Nación en Movimiento:

“Aborda al deporte desde una visión diferente, no sólo como una acción de diversión, salud o competencia, sino, como una actividad que mueve a toda una nación, sin importar a que nos dediquemos, el hecho de realizar esta actividad para generar una conciencia para un cambio de país y un cambio de actitud, Una evolución de la generaciones mexicanas, ayudadas por la disciplina, compromiso y responsabilidad, primero en el organismo para pasar ser parte fundamental de una sociedad en movimiento”

La importancia de hacer muralismo con sentido social

La relación entre el muralista y el espectador, es muy importante pues abre el diálogo de la interpretación, la provocación, da pie a un mar enorme de interpretaciones que dando un combustible visual correcto pueden ayudar a un cambio social. El cambio estético en los lugares cotidianos hacen que los murales sean un elemento subversivo al ir a contra corriente del sistema de consumo, al incitarte a pensar, a reflexionar, a disfrutar tu espacio y no querer huir de él, sino más bien querer vivir en él.

El mural que nos ha regalado Saner, así como la grata con-vivencia ha agrandado el corazón de los involucrados en este proyecto, dejándonos un gran aprendizaje y mucha felicidad en el corazón.

Por Gabriela Martínez Flores

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Fotografía: José Aureliano Buendía

Ante la arbitrariedad y la violencia ejercida por el gobierno mexicano, representantes del ejido indígena de San Sebastián Bachajón -ubicado en el centro de la selva, en la región zapatista de San José en Rebeldía- acudieron el lunes 28 de mayo a la ciudad de México para exigir la restitución del territorio comunitario, que hace dos años les fue arrebatado durante la gestión de Juan Sabines Guerrero en el estado de Chiapas.

En conferencia de prensa señalaron  la responsabilidad de Enrique Peña Nieto, Manuel Velazco Coello y Leonardo Guirao Aguilar como impulsores de una política de despojo y violencia ejercida contra aquellos que se oponen a los proyectos eco-turísticos del corredor Palenque – Aguas Azules.

Juan Vázquez Guzmán, un crimen de estado.

Empantanados en una red de corrupción y abuso, el gobierno mexicano opera toda su maquinaria en contra de los pobladores adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en Bachajón, para arrebatarles parte del territorio e impulsar un mega-proyecto turístico en la región de Aguas Azules.

Después del asesinato del activista Juan Vázquez Guzmán el pasado 25 de abril, los indígenas tzeltales han denunciado reiteradamente que éste representa un crimen de estado. Pues a la fecha no hay ningún avance en las investigaciones que permitan dar con los autores materiales del crimen, por el contrario, el hostigamiento y la persecución son una constante en esta región del estado.

Ricardo Lagunés Gasca, representante jurídico de los ejidatarios señala:

“Sobre Juan Vázquez Guzmán, no hay detenidos. El responsable es el gobierno, el gobierno lo mando matar. Desde los tres niveles de gobierno había interés de que el compañero no siguiera haciendo su trabajo. Hay una averiguación previa en curso, pero no hay detenidos. El autor material escapo, fue algo planeado. Fueron personas que conocen el lugar, que tenían su ruta de escape bien definida. Seis disparos, uno en la parte del pecho tres en el abdomen y dos más en ambos brazos, en la puerta de su casa lo mataron”

La causa del asesinato de Juan Vázquez González, es su trabajo en la defensa del territorio comunitario, que alrededor de 2000 ejidatarios de San Sebastián Bachajón adherentes a la Otra Campaña, han emprendido desde el año 2008 en demanda al legítimo uso y disfrute de su territorio, fecha en que se estableció una caseta de cobro en el territorio de San Sebastián.

Fotografía: José Aureliano Buendía

Turismo sustentable, el engaño del desarrollo

Ante la derrama económica que arroja el turismo en la región, empresas cómo Norton Consulting INC y EDSA Construcción se han visto beneficiadas con el desarrollo turístico que FONATUR tiene para la región,  con el cual se pretende transformar a la Reserva de la Biosfera  de Aguas Azules en un complejo de eco-turístico. La gran falacia de “desarrollo” que impulso el perredista Juan Sabines y que el actual gobernador Manuel Velazco Coello (Partido Verde Ecologista) mantiene como una estrategia para el despojo y desplazamiento de las comunidades indígenas en Chiapas.

Desde hace 20 años, las cascadas de Agua Azul –territorios indígenas– son presa de la especulación financiera de los grandes consorcios hoteleros internacionales.

El desarrollo en Agua Azul piensa incluir campos de golf y hoteles para turismo de elite, hoteles tipo Boutique, donde se piensa atraer al turismo internacional o a todos aquellos que estén dispuestos a pagar entre 4 mil y 10 mil pesos la noche, -Carlos Slim podría llegar a alojarse ahí. Comentan los ejidatarios entre sonrisas, en un ánimo que dicen, es de lucha.

Durante los primeros días de febrero del 2011 mediante un operativo paramilitar, encabezado por Juan Álvaro y Miguel Ruiz Hernández dirigentes del PRI y del Verde Ecologista en la región, fue desalojada la caseta de Agua Azul.  Días después fueron detenidos 177 indígenas, a diez de los cuales les fijaron cargos por  delitos que no cometieron, tales como privación ilegal de la libertad, lesiones, homicidio calificado y daños a las vías de comunicación y a la paz. Como lo señaló el Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas, el Movimiento Independiente de Mujeres, Brigada Feminista y diversas organizaciones civiles[i] durante una carava realizada en febrero de 2011

Con esta acción de violencia  les fue arrebatada una franja de 2,250  metros cuadrados, que curiosamente abarca la caseta de Agua Azul. Ante esta arbitrariedad, los ejidatarios presentaron  los planos que dan cuenta  del ejido en un decreto presidencial emitido en 1980. Pues de manera alevosa, la CONANP (Comisión Nacional del Áreas Naturales Protegidas), borró –literalmente-  del mapa la franja que es parte del ejido de San Sebastián.

Dicha franja que la CONANP declaro como área natural protegida, también es una zona estratégica para el corredor Palenque-San Cristóbal.

“La caseta no está dentro del arena natural protegida Cascada de Agua Azul. Lo que hizo la CONANP fue alterar el plano, para que la caseta quedara dentro del área natural protegida. Ante esto, el Estado dice  que el territorio  es área federal “ comenta Ricardo Lagunes.

Fotografía: José Aureliano Buendía

La amenaza paramilitar

Los ejidatarios también señalaron que actualmente se está construyendo un aeropuerto internacional en Palenque –a cargo de la empresa GMD Infraestructura- para reducir el recorrido hacia las Cascadas de Aguas Azules. La autopista San Cristóbal- Palenque es un proyecto que está en suspenso pero que seguramente se echará a andar, ahora los trazos están cambiando constantemente debido a que el gobierno tiene que calcular que territorios presentaran menos resistencia.

Agua Azul era un rancho, donde había incluso un helipuerto. Después del levantamiento zapatista -en 1994- las comunidades tomaron la tierra, pero ésta quedó como propiedad privada. Los indígenas tzeltales que están en Agua Azul vienen de San Sebastián, indígenas de Bachajón tomaron esa tierra y se mantienen ahí. Sin embargo no tienen títulos de propiedad, el gobierno los mantiene de esta manera, porque así, son más dóciles para ceder a los proyectos.

Ricardo nos señala que hay grupos de Agua Azul que han ido a confrontar a otras comunidades, no solo a los compañeros de San Sebastián Bachajón, también a comunidades con base de apoyo zapatista. Han ido más de dos veces a agredir por la vía armada a las comunidades con el fin de amenazarlos y desplazarlos de los lugares donde están pensados los proyectos.

En reiteradas ocasiones, las comunidades han denunciado la amenaza de grupos paramilitares vinculados a los partidos PRI, PRD y PVEM. Entre los que se encuentran la Unión Campesina Indígena y Forestal (UCIAF) liderados por Manuel Vázquez Ruiz así como la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), ambas de corte paramilitar y que ya han agredido a los ejidatarios de San Sebastián Bachajón.

A unos días del asesinato de Juan Vázquez Guzmán, Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Chiapas, anuncio la capacitación que el Ministerio de Defensa de Israel en México brindará a la policía local[ii]. Los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra del pueblo palestino, por parte del Estado Militar de Israel[iii] parecen ser parte del modelo de seguridad que el gobernador -de telenovela- Manuel Velazco Coello tiene pensado para el estado de Chiapas.

No nos vamos a callar como quiere el mal gobierno

Además de la rueda de prensa realizada en el local de UNÍOS –organización adherente a la otra campaña- el objetivo de los representantes de la comunidad de San Sebastián Bachajón fue entregar un nuevo escrito a Juan Silva Meza, ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal, solicitando se actúe con imparcialidad en la resolución al amparo prestado por los ejidatarios en 2011. La agenda también incluía una visita a la oficina del Alto Comisionado de la ONU, para denunciar el cumulo de irregularidades que el gobierno mexicano ha cometido en su contra.

La lucha de la comunidad de San Sebastián Bachajón por el respeto a su territorio, de igual manera tiene como objetivo la libertad inmediata de Antonio Estrada Estrada (preso en CERSS 17 de Playas de Catazajá, Chiapas), Miguel Vázquez Deara (preso en CERSS 16 de Ocosingo, Chiapas) y Miguel Demeza Jiménez (preso en CERSS 14 El Amate). Quienes fueron detenidos en el año de 2010 – 2011 y torturados para declararse culpables de delitos que no cometieron y que suman uno más de los agravios que el Estado mexicano comente en contra de las comunidades indígenas.

Convocada por el Movimiento por Justicia del Barrio (Nueva York), Grupo de Solidaridad con Chiapas de Dorset, Comité de Palabra Verdadera de Calcuta, India y el Comité de la Palabra Verdadera de Alisal. Se prepara ya una semana de acción mundial llamada: ¡Juan Vázquez Guzmán Vive, la Lucha de Bachajón sigue!

Del 25 de Junio al 2 de Julio, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón nos invitan a sumarnos a la lucha por el respeto a los territorios indígenas, ser parte de su digna rabia.

Su palabra:  “No vamos a permitir que siga el despojo de nuestras tierras y el abuso en contra de nuestro pueblo, a pesar del asesinato cobarde de nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán seguiremos luchando y defendiendo con fuerza y organización, no nos vamos a callar como quiere el mal gobierno. Juan Vázquez Guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue! “

Por José Aureliano Buendía

Continuar leyendo »]]> “El método consiste en saber situarse en el lugar de los pobres y desde allí efectuar un diagnóstico de la patología del estado” (Hermann Cohen, 1919), citado ayer por Enrique Dussel en sus palabras inaugurales para las pre-audiencias organizadas por el Eje “Guerra Sucia” del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en el Plantel del Valle de la UACM.

Ha surgido un álgido debate en México en los últimos meses ante el surgimiento, en múltiples contextos, de diversos fenómenos etiquetados frecuentemente en los medios hegemónicos de comunicación, dentro y fuera del país, -por ejemplo en la BBC y el New York Times- como “auto-defensas” o incluso como expresiones incipientes del paramilitarismo. Una de las aberraciones recurrentes en este contexto es meter en el mismo saco a los brotes recientes de grupos de este tipo en la Tierra Caliente de Michoacán, y otros con perfiles y proyectos muy diferentes como la CRAC-PC, la Ronda Comunitaria de Cherán, o incluso los Caracoles zapatistas en Chiapas.

Fotografía: Karla H. Mares

Un recurso argumentativo característico de este tipo de cobertura ha sido la invocación del postulado de Max Weber sobre el “monopolio legítimo de la fuerza” como rasgo distintivo del estado moderno, y su transformación acrítica en una idea-fuerza y receta simultáneamente científica y mágica, y por ende incontrovertible.  Se asume así una vez más a Weber como profeta ineludible de la “modernidad” capitalista occidental, y de los estados neoliberales contemporáneos entendidos como sus escuderos imprescindibles.

Todo esto está atravesado por debates esenciales, pero implícitos, sobre la relación entre la legalidad y la legitimidad que suelen ser invisibilizados por las evasiones inherentes del liberalismo que sigue permeando nuestras reflexiones desde la izquierda.  Guillermo O´ Donnel,l por ejemplo, nos recuerda que la experiencia concreta de los regímenes que aplicaron el terrorismo estatal en nuestro continente entre 1954 y 1985- y que continúan haciéndolo hoy en contextos como Colombia y México- refleja uno de los errores conceptuales fundamentales en la formulación clásica de Weber: no hay ninguna razón, de entrada, para asumir la legitimidad de los estados que incurren en tales crímenes. A lo contrario, como ha sugerido Noam Chomsky: nuestro punto de partida ante todos los estados y todas las jerarquías, de cualquier color ideológico, tendría que ser precisamente al revés: un cuestionamiento permanente de la legitimidad de todos los ejercicios de su poder, independientemente de su supuesta “legalidad”. Esto incluye también nuestra afirmación y defensa de la centralidad de nuestros derechos colectivos, comunitarios, populares, e individuales a la protesta, a la resistencia, y a la rebelión, como fundamentos de una conceptualización alternativa, contra-hegemónica, y emancipatoria de los derechos humanos, “desde abajo”.

Habría que recordar, por ejemplo, que todos los crímenes de lesa humanidad más aberrantes de la historia- la conquista europea del continente americano, la trata de esclavos y esclavitud africana, el colonialismo occidental, el holocausto nazi, el terrorismo de estado promovido por el imperialismo estadounidense en nombre de las doctrinas de “seguridad nacional” en América Latina, y las versiones respectivas del apartheid en el contexto sudafricano e israelí- se consideraban (y se siguen considerando hoy en el caso de Israel) perfectamente “legítimos” dentro del marco de la legalidad vigente de los estados que los cometieron y promovieron, no obstante su contravención de elementos claves de la normatividad internacional en cada etapa histórica correspondiente.

Aquí yace uno de los peligros más contundentes al asumir acríticamente el postulado de Weber: todos los estados y actores represores (desde el colonialismo español hasta el intervencionismo estadounidense y el priísmo reciclado que nos agobia hoy en México), siempre, justifican su accionar desde la perspectiva de su supuesta legitimidad y legalidad.  El supuesto monopolio del poder coercitivo por parte del estado también implica el monopolio estatal del derecho, y de la justicia, con consecuencias devastadoras para los que defendemos los derechos de los pueblos indígenas y originarios dentro del marco del pluralismo jurídico y de la refundación intercultural necesaria del estado.

Concederles el llamado “monopolio de la fuerza” a los regímenes que enfrentamos implica vacunarlos, y desarmarnos, figurada y literalmente, sin dar la batalla necesaria por los marcos epistemológicos, conceptuales, y teóricos que necesitamos para iluminar el camino que fundamente praxis alternativas, contra-hegemónicas, y potencialmente emancipatorias. Las policías comunitarias en México y sus equivalentes en otros contextos afines como la Guardia Indígena en la región del norte del Cauca en Colombia, nos sugieren la riqueza posible de tales proyectos, como semillas de la construcción imprescindible de otra justicia, otro derecho, y otro estado, y como ejercicios legítimos, independientemente de su supuesta “legalidad”, de nuestros derechos a la libre determinación y a la autonomía.

Poner todas las experiencias referidas al inicio de esta reflexión en el mismo marco conceptual (como desafíos al monopolio estatal de la violencia) implica una rendición anticipada e innecesaria. Los derechos nacen en la conciencia, pero se hacen en la historia.

Por Camilo Pérez Bustillo

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“Falso que fue riña lo de las barrancas”, dijo el pueblo.

Tenosique, Tabasco, 28 de mayo de 2013.- La Misión de Observación de la Ruta migrante, inició en Orizaba, Veracruz, y visitó las localidades de La Patrona, Acayucan, Cosoleaque, Coatzacoalcos, Las Choapas, Veracruz; Chontalpa y Villahermosa, Tabasco; Palenque, Chiapas, y Tenosique, Tabasco, del 24 al 27 de Mayo de 2013 a fin de recabar testimonios y evidencias sobre los actos criminales y la violación de derechos humanos de  las  personas  migrantes  en  tránsito  por  México.  El  reporte  de  los hechos, testimonios y evidencias materiales se entregaron en reunión sostenida el día 28 de mayo, en el albergue La 72, en Tenosique, Tabasco con los senadores de las Comisiones de Asuntos Frontera Sur, Asuntos Migratorios, Derechos Humanos y Población y otras comisiones relacionadas con el tema migrante y la frontera sur.

La Misión de Observación es una entidad de compuesta por personas defensoras de derechos humanos, por ende, no es una entidad policiaca ni ministerial. Las visitas y la relatoría de hechos investigados, consultados y obtenidos, de reuniones, entrevistas, fotografías, videos y comunicación con comunidades, pueblos, y funcionarios durante el recorrido de esta porción de la ruta del golfo, en las estaciones y poblaciones donde transitan las personas migrantes, en consecuencia, se enfocan en contrastar la realidad versus las políticas referentes a la protección de los derechos humanos que emanan del artículo primero constitucional, del articulo II de la Ley de Migración  y de las Convenciones Internacionales que México ha suscrito en la materia.

Entre los derechos vulnerados por las acciones y/o omisiones de autoridades del estado mexicano se debe incluir a todo lo relacionado con las amenazas y acoso contra los albergues y defensores de sus derechos, en términos de violaciones de los derechos de las personas migrantes a los derechos de refugio, asilo, santuario, hospitalidad, solidaridad, y asistencia humanitaria, sobre la base del derecho a la libre movilidad humana, y/o a la libre circulación o movimiento, es decir, el derecho a migrar, a no migrar, y a no ser desplazado/a arbitrariamente.

Con esos marcos de referencia presentamos el resultado de las pesquisas obtenidas durante la misión de observación que recorrió en contrasentido la ruta del golfo donde se visitaron albergues, templos, vecindarios que frecuentan las personas migrantes, estaciones y vías ferroviarias y representantes oficiales, así como la CNDH, Comisiones estatales de Derechos   Humanos,   Grupo   Beta  de   SEGOB,   agentes   de   la  policía municipal, estatal, mando único y federales, incluyendo ejército y marina. Todo lo anterior expresados en el marco de las categorías que a continuación se expresan en su participación:

La Misión de Observación es una entidad de compuesta por personas defensoras de derechos humanos, por ende, no es una entidad policiaca ni ministerial. Las visitas y la relatoría de hechos investigados, consultados y obtenidos, de reuniones, entrevistas, fotografías, videos y comunicación con comunidades, pueblos, y funcionarios durante el recorrido de esta porción de la ruta del golfo, en las estaciones y poblaciones donde transitan las personas migrantes, en consecuencia, se enfocan en contrastar la realidad versus las políticas referentes a la protección de los derechos humanos que emanan del artículo primero constitucional, del articulo II de la Ley de Migración  y de las Convenciones Internacionales que México ha suscrito en la materia.

Entre los derechos vulnerados por las acciones y/o omisiones de autoridades del estado mexicano se debe incluir a todo lo relacionado con las amenazas y acoso contra los albergues y defensores de sus derechos, en términos de violaciones de los derechos de las personas migrantes a los derechos de refugio, asilo, santuario, hospitalidad, solidaridad, y asistencia humanitaria, sobre la base del derecho a la libre movilidad humana, y/o a la libre circulación o movimiento, es decir, el derecho a migrar, a no migrar, y a no ser desplazado/a arbitrariamente.

Con esos marcos de referencia presentamos el resultado de las pesquisas obtenidas durante la misión de observación que recorrió en contrasentido la ruta del golfo donde se visitaron albergues, templos, vecindarios que frecuentan las personas migrantes, estaciones y vías ferroviarias y representantes oficiales, así como la CNDH, Comisiones estatales de Derechos   Humanos,   Grupo   Beta  de   SEGOB,   agentes   de   la  policía municipal, estatal, mando único y federales, incluyendo ejército y marina. Todo lo anterior expresados en el marco de las categorías que a continuación se expresan en su participación:

TESTIGOS: Los testigos presenciales, a pesar de ser consientes de los hechos y que éstos constituyen violaciones serias a los derechos humanos, no tienen ninguna urgencia ni intención de presentarse a denunciar los hechos, por la clara desconfianza a que las autoridades responsables hagan justicia y persigan y castiguen a los responsables. La credibilidad de la institución es inexistente y la percepción de los posibles testigos es una de corrupción e impunidad generalizadas.

Los testigos, a pesar de ser abundantes, varios cientos en el caso particular de Las Barrancas, Ver., disminuyen en razón de su movilidad. Esto influye por mucho en los testigos presenciales locales que también pierden interés cuando el sujeto a proteger se ausenta de inmediato y con ello no estará presente para denunciar los actos sucedidos.

En el caso de los acontecimientos que se dieron en la comunidad de Las Barrancas, la traba principal para iniciar procesos penales, (que se persiguen de oficio, ya que es ofendida la sociedad toda y no solamente los individuos), es que los procesos quedan estancados cuando los directamente afectados no presentan las denuncias o no se cuenta con la consiguiente ratificación de lo expuesto con anterioridad. Estas son sin dudas trampas procesales de la impartición de justicia que se perpetúan como impunidad.

VÍCTIMAS: Sin duda Las Choapas, Ver, es ejemplo de las víctimas vivientes y potenciales. Bajo un calor húmedo y al rayo de un sol infernal, la misión volvió a presenciar lo de todos los días: Jóvenes, en su mayoría menores de 30 años, viajando en las condiciones más inseguras e indeseables. Los cálculos de la misión de observación oscilan entre 1,000 y 1,500 las personas migrantes viajando en el tren. Era impresionante verlos trepados o colgando de las escalerillas, estirando las manos en búsqueda de agua o de cualquier alimento. Ahora, ya se ha vuelto costumbre que los migrantes esperen en las estaciones encontrar émulos de las mujeres de Las Patronas y esperan recibir algún apoyo en las vías de gentes solidarias. Elementos del grupo beta que acompañaban a la misión observadora, les arrojaban botellas de agua al paso de los convoyes de La Bestia repletos de migrantes con rumbo a hacía el norte del país.

Las maniobras de enganchar y desenganchar carros y cambios de vías, dieron oportunidad a la misión observadora de interactuar con los migrantes, escuchar sus denuncias y problemas en su viaje en el lomo de La Bestia. Las historias se repiten numerosas veces: …“en Palenque nos cobraron cuota de paso por adelantado, 400 dólares por cuatro estaciones,  …a uno de los migrantes lo arrojaron de arriba del tren, necesita primeros auxilios, trae posiblemente un bazo quebrado”.  Otros mostraban estragos de amputaciones.

En la ruta Migrante del Golfo queda demostrado el obvio y claro contraste entre la participación de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales para auxiliar y remediar las constantes violaciones a los migrantes.

En Orizaba, Córdoba, Amatlan, Acáyucan, Cosoalacaque, Las Barrancas, Coatzacoalcos, Las Choapas, se encuentran centros de albergue, comedores y oficinas de asesoría y trámites para las personas migrantes, en manos del esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil y las iglesias.

La participación del gobierno, por su parte, carece de organización asistencial coordinada para las personas migrantes. En su s distintas instancias la oferta de servicios es intermitente, escasa y en algunos casos y lugares, es nula. Este desequilibrio de auxilios redunda en la escasez de apoyos a las personas y manifiesta la ausencia de políticas generales de protección y promoción de los derechos humanos, y no se observa por ninguna parte la intención clara de proteger la dignidad, integridad ni la vida  de estas personas que nos dicen en forma generalizada “Todo México es un Cementerio de Migrantes”.

Firman: Fray Tomas González Castillo, Hogar-Refugio para Migrantes La 72; Rubén Figueroa, Movimiento Migrante Mesoamericano; Elvira Arellano, Familia Latina Unida y M3; Marta Sánchez Soler y José Jacques y Medina, Movimiento Migrante Mesoamericano. Colectores de verdades y testimoniales orales y gráficos, que serán anexadas a este reporte y entregadas a las instancias nacionales e internacionales correspondientes.

 Por La 72 Hogar-Refugio para migrantes Tenosique, Tabasco y Movimiento Migrante Mesoamericano